La consultora multada por cártel Uliker, integrada en PKF Attest, fue creada por el ex vicelehendakari Jon Azua y está gestionada por Iñaki Azua, su hermano. En PFK Attest trabaja como consultor Javier Barcala, hermano de Ricardo Barkala, Presidente del Puerto de Bilbao
La historia de Euskal Herria es la historia de sus castas familiares, de puertas giratorias bien engrasadas, de la progresiva degradación del sector público, pero, sobre todo, de un goteo constante del erario colectivo para alimentar los beneficios de las empresas afines al partido más antiguo del régimen del 78. La Autoridad Portuaria de Bilbao se ha convertido en uno de los lugares más representativos a la hora de observar las lógicas del “neoliberalismo basque country”.
Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Hordago-El Salto, la empresa PKF Attest ha firmado ocho contratos a dedo, que ascienden a 98.495 euros, con la Autoridad Portuaria de Bilbao (incluido un contrato con su filial, Uliker). Este proceso de externalización de servicios públicos hacia PKF Attest se inició el 8 de marzo de 2018, siete días después de que Ricardo Barkala Zumelzu fuera propuesto por la administración vasca como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, y apenas un año después de que su hermano, Javier Barcala Zumelzu, se incorporara a la firma como consultor, en junio de 2017. “No hablo euskera pero escribo mi nombre con K,” dicen los Chill Mafia en su último single.
Estos contratos fueron firmados en 2018 (3), 2019 (4) y 2020 (3), teniendo todos ellos características muy similares: el proceso de adjudicación se produjo en fechas casi exactas, durante los meses de enero, marzo o agosto, y también reflejan cantidades parecidas (la mitad son de 14.500 y 14.800 euros). A este respecto, las fuentes consultadas por Hordago- El Salto avivan la posibilidad de que en este caso se haya producido fragmentación de contratos por parte de la entidad portuaria. Entre los datos que avalan esta hipótesis se encuentra que no existe ninguna información en la plataforma de contratación del Estado sobre los contratos menores de la Autoridad Portuaria, una práctica obligatoria para las entidades públicas. Así, estas actuaciones contradicen la Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno impulsada desde el Gobierno Vasco, donde se especifican los siguientes objetivos: promover el acceso de la ciudadanía a la información pública e impulsar la publicidad de la actividad administrativa, con garantías de accesibilidad, calidad, actualidad y posibilidades de reutilización de la información.
Al mismo tiempo, la plataforma de contratación propia de la Autoridad Portuaria, de donde se han extraído estos contratos, oculta información desde el primer trimestre del 2020. Además, otra de las cuestiones que despiertan dudas sobre los procesos de adjudicación pública de este organismo es que no es posible descargar los documentos en formato PDF de los contratos menores debido a un bloqueo del sistema informático por parte de la entidad pública, que devuelve un error de red. Esta práctica se suele utilizar para evitar que los ciudadanos, periodistas u otros integrantes de la sociedad civil puedan utilizar esos datos abiertos para fines de interés público.
Del mismo modo, al contrario de los requerimientos oficiales que establece la plataforma de contratación del Estado, en la página de la Autoridad Portuaria no es posible conocer ningún paso sobre cómo se ha realizado el proceso de licitación o adjudicación de los contratos. Únicamente es posible acceder a la cantidad, la empresa adjudicataria y una descripción superficial del concepto del contrato de servicios. En el caso que nos ocupa, los contratos son para tareas de “recursos humanos” y están relacionados con la “competitividad” y operaciones comerciales.
Manipulación de contratos públicos
Creada por el ex vicelehendakari Jon Azua, PKF Attest es el socio único de Uliker-3, S.L. (Uliker). Las oficinas de la segunda se encuentran en plena plaza Moyua, entre el edificiónde la Subdelegación del Gobierno y la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Bizkaia, a escasos metros de la Diputación y de Bizkaia. Hace pocos meses la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) multó a Uliker con 11.040 euros por “una práctica colusoria especialmente dañina para la sociedad al impactar adicionalmente en los fondos públicos” que afecta a estas entidades públicas. También sancionó a Sabin Azua Mendia, administrador único de Bmasi Strategy, con 35.000 euros. Sabin es el primero de los dos hermanos del ex vicepresidente vasco vinculado al cártel norte. El otro es Iñaki Azua, directivo de Uliker, que fue cesado como consejero de Elkargi cuando el expediente de las consultoras se hizo público.
Según señala la investigación de la CNMC en su página 175, “uno de los casos más graves” en la trama norte se produjo entre altos cargos de la Autoridad Portuaria de Bilbao y responsables de consultoras como Bmasi. Esta entidad habría superado los límites de la “connivencia” y habría llevado a cabo una “conducta sancionable” en las adjudicaciones de contratos. Es decir, “antijurídica”. Para el organismo regulador, se ha producido una “confianza ilegítima” entre las administraciones públicas y los consultores corporativos.
Este comportamiento también apunta hacia Ricardo Barkala, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, quien aparece en los correos de la CNMC. Concretamente, en un mensaje entre Ana Andueza (Deloitte) y Sabin Azua (Bmasi) en el que se pedía una cobertura para un análisis de usos e impacto de la plaza de toros de Vista Alegre. Barkala, entonces Primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, era el responsable de la adjudicación. Esa “práctica colusiva” contra los intereses públicos ocurrió en 2016. Dos años después, Javier Barcala fichó por la rama Corporate Finance de PKF Attest, empresa a la que la Autoridad Portuaria, que dirige su hermano, adjudicó casi 100.000 euros.
Esta ‘praxis’ neoliberal recorre la espina dorsal del Puerto de Bilbao, destacando el caso de Asier Atutxa, anterior presidente de la entidad pública, e hijo del ex-consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan María Atutxa (PNV), quien se incorporó en el verano de 2018 a la firma PwC. Un año antes, esta firma ganaba un contrato de 150.000 para la asistencia técnica en la elaboración del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Bilbao en el periodo 2018-2022.
