POR EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS SEMANAL
Mientras que, inexplicablemente, los dos Secretarios Generales de CCOO y UGT celebraban gozosos con el representante de la patronal su acuerdo en relación con las pensiones, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se veía obligado a reconocer en una entrevista concedida a TVE que la llamada generación del baby boom, o sea, la de los nacidos entre finales de la década de los 50 y mediados de los 70, lo van a pasar un poco putas, dado el escuálido volumen que tendrán sus pensiones.
Sensu stricto, el inefable ministro vino a decir que, dado que la generación citada es “más ancha” en la pirámide demográfica española, quienes la integran tendrán que asumir el esfuercito “de la moderación que habrá que aplicar en el gasto en pensiones durante un periodo concreto de tiempo”.
O sea, dicho en román paladino, que para aliviar la que se les viene encima si nada lo remedia, los llamados “baby boomers”, que serán los futuros jubilados de dentro de dos o tres años, se encontrarán ante la dramática disyuntiva de tener que escoger entre dos opciones para afrontar su vejez. Ambas, nos tememos, preñadas de crueldad. En palabras del ministro, tendrán que aceptar “un pequeño ajuste en su pensión”, es decir, una sustancial disminución de su cuantía, o bien se verán obligados a “trabajar un poco más». La extensa experiencia pasada nos permite traducir con precisión el mensaje que contiene este reconocimiento salido de la boca de un ministro
Pese a ello, Escrivá con una alegría propia de un feriante vendedor de crecepelos, aseguró además que “España no tiene un problema agudo de pensiones”, sino tan sólo “un problema coyuntural” para afrontar el incremento del gasto que supondrá la jubilación de la generación que él ha bautizado con la extranjerizante denominación anglosajona de “baby boomers”, ya que después el problema “se corregirá solo” (sic).
Como si hubieran ganado la batalla de Waterloo, el ejecutivo “progresista” y sus peculiarísimos “agentes sociales”, que permanecieron escandalosamente ausentes durante el largo proceso de la lucha de los pensionistas, suscribieron regocijados el “primer paquete de medidas de la reforma de las pensiones”, que contempla la sustitución del factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que estará definido en cinco meses y comenzará a aplicarse en 2027.
La reforma de las pensiones entrará en vigor “a fin de año”, ha dicho el ministro, quien ha calculado que será presentada en el Congreso a principios de septiembre y “podrá estar vigente en algunos elementos centrales ya para el año que viene”.
De esta forma -destacó Escrivá– las pensiones ya comenzarán a revalorizándose en 2022 con el IPC de 2021, de forma que “los pensionistas no tendrán que estar pendientes cada año de ver qué decide en presupuestos el Gobierno de turno”.
COLECTIVOS DE PENSIONISTAS DENUNCIAN EL “TIMO DEL TOCOMOCHO”
Aunque todavía resulta demasiado pronto para conocer las entrañas de esta alevosa operación emprendida por el Gobierno y la Patronal española, con la necesaria complicidad de los sindicatos de la concertación, el acuerdo alcanzado ya ha sido denunciado por un número de colectivos de pensionistas.
La operación “tripartita” no tiene un pelo de ingenua. Ha sido preparada y dada conocer a principios de este singular verano de pandemia, teniendo en cuenta el clima de desmovilización todavía reinante. Sin embargo, su gozo en un pozo. Algunos colectivos de pensionistas ya han comenzado a desenmascarar el “nuevo Factor de Equidad Intergeneracional”, que podría terminar convirtiéndose -dicen- en un “sucedáneo endurecido del Factor de Sostenibilidad, al que de manera urgente tenían que cambiarle el nombre debido a su mala fama”.
Se trataría ahora -sugieren- de una suerte de “caramelo” envenenado con el que el Ejecutivo y los sindicatos institucionales intentan “desmovilizar” a los pensionistas, ofreciéndoles un alivio a corto plazo con el propósito de ir introduciendo de manera paulatina, y con figuras como el propio “Factor de Sostenibilidad”, los recortes en la cuantía de las pensiones ya avanzados por el propio ministro con su advertencia a las generaciones nacidas a partir de los últimos años de la década del 50 del pasado siglo.
Este recorte de las pensiones, que abriría un falaz camino a la promoción de los “planes privados”, se llevaría también a cabo – denuncian – mediante el incremento paulatino de los años para el cálculo de las prestaciones. Pasando de los 25 que computarán a partir de 2022, a los 35, o incluso toda la vida laboral.
ENCIERROS DE PENSIONISTAS Y MOVILIZACIÓN FRENTE A LA SEDE DE COMISIONES OBRERAS
Sea como fuere, las primeras reacciones al acuerdo publicitado por el Ejecutivo español, CC.OO. y UGT, apenas transcurridas unas horas después de conocerse el contenido del acuerdo, han sido fulminantes. Este mismo miércoles miembros de #UnitatPensionista.Cat iniciaban un encierro en Barcelona y protagonizaban protestas frente a la sede del sindicato institucional Comisiones Obreras.
En esta misma línea, Unidad COESPE ha rechazado “esta nueva reforma contra el Sistema Público de Pensiones, siguiendo la pauta del “pacto de Toledo””, efectuada – dicen – por el ministro banquero José Luis Escrivá, con el acuerdo de los mal llamados “agentes sociales”, es decir la patronal y la burocracia sindical de CC.OO. y UGT”.
“Debemos instalar en la sociedad -afirman- otro relato más veraz, que los cuentos que nos cuentan. Debemos seguir movilizándonos y adquiriendo fuerza, de cara al #OtoñoCaliente”, que anule los acuerdos tomados” .
COESPE CALIFICA EL ACUERDO COMO “UN PACTO SOCIAL DE MÍNIMOS QUE NO RESUELVE LAS AMENAZAS A LAS PENSIONES”
Por su parte, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Publico de Pensiones -identificada en sus redes sociales como Coespe Oficial– ha calificado el acuerdo alcanzado como “un pacto social de mínimos que no resuelve las amenazas a las pensiones”
COESPE valora que en el acuerdo “no se han atrevido a concretar la privatización de las cotizaciones sociales hacia sistemas privados de pensiones, y que se derogan aspectos sustanciales de la reforma de 2013 que el movimiento pensionista venía denunciando desde hace años y que ya habíamos conseguido en la calle”.
Sin embargo -advierten – “ratifica por otra parte los recortes de las pensiones contenidas en la reforma de 2011 y, aunque cambia de nombre el Factor de Sostenibilidad mantiene su esencia; perpetua pensiones mínimas miserables; deja la puerta abierta a nuevos recortes y a la privatización del SPP; los Planes Privados de Empresa a través de la negociación colectiva, es un torpedo en la línea de flotación para el SPP, por lo que aplaza para los próximos meses los aspectos más regresivos propuestos en el Pacto de Toledo“.
“Gran parte de nuestras reivindicaciones – explican – siguen pendientes, por lo que COESPE considera lesivos estos acuerdos adoptados en una mesa en que no está representado el movimiento de los pensionistas, verdadero artífice de los avances conseguidos y llama a seguir luchando en los próximos meses en defensa del Sistema Público de Pensiones”.
“En este sentido – concluyen – vamos a seguir preparando nuestro plan de trabajo en defensa de una auditoria, la marcha el 16 de octubre a Madrid, la denuncia de las comisiones bancarias y la articulación de una movilización general de todos los movimientos pensionistas en noviembre en defensa del SPP”
