Según los informes estadísticos anuales del Ministerio de Sanidad, en los últimos 5 años 12 provincias españolas no han registrado ninguna interrupción voluntaria del embarazo a pesar de haber mujeres que lo solicitaran. Unida a esta cifra debemos añadir aquellos territorios en los que, a pesar de haber ciertos abortos registrados, estos son solo una pequeña parte del total, como los farmacológicos o aquellos de alto riesgo para la salud de la madre, mientras que para la realización de intervenciones quirúrgicas es indispensable desplazarse a otro lugar.
Además también aquellos territorios en los que no se realizan abortos por encima de la semana 14, el límite del aborto libre, obligando así a aquellas mujeres a desplazarse otros lugares alejados de sus residencias. Estos casos suelen ser embarazos deseados que se interrumpen involuntariamente y que suponen una grave afectación emocional para la madre.
Si bien existe a nivel legal el acceso al aborto libre, las barreras que se encuentran las mujeres residentes en el Estado Español son numerosas.
Normalmente en el Estado Español son las clínicas privadas quienes a través de subcontratas realizan las intervenciones, pero cuando estas están ausentes en un territorio los hospitales públicos tampoco se hacen cargo de ellas, vulnerando así los derechos de igualdad de acceso recogidos por la Ley del Aborto de 2010.
Desde hace más de 30 años, los especialistas que trabajan en la sanidad privada se comenzaron a formar para cubrir este espacio, a pesar de que son los centros sanitarios público los que cuentan con más recursos, siendo los lugares más indicados para la realización de estas prácticas. El problema sigue siendo, a día de hoy, la falta de ambición política por solucionar este vacío que afecta a miles de mujeres cada año.
La objeción de conciencia, reconocida Tribunal Constitucional desde 1987, permite negarse a realizar estas prácticas. Esta debe ser una decisión individual, no colectiva, es decir, un hospital entero no debería posicionarse como objetor de conciencia, pero esto está sucediendo. La tasa de objeción de conciencia de ginecólogos es altísima ya que sigue siendo un tema tabú, además de, en ocasiones complejo y arriesgado.
No está permitido preguntar a priori la posición de un médico, pero aún así la ley señala que estos han de manifestarlo por escrito y con anterioridad para poder garantizar el acceso al servicio. Pero las administraciones no están recopilando la información necesaria sobre este posicionamiento como para poder cubrir las necesidades en los servicios.
La iglesia sigue ejerciendo presión en lo que concierne al control sobre los cuerpos de las mujeres a través de su influencia en las clínicas privadas, la educación y la moralidad. Además los grupos ultraconservadores y la extrema derecha persisten en recortar nuestros derechos de forma continuada, proponiendo incluso que el aborto quede fuera de la sanidad pública.
Las menores de edad siguen estando subordinadas a la decisión de sus familias, lo que puede hacer llevar a cabo un embarazo en contra de la propia voluntad de la gestante, eliminando así su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Doblemente perjudicadas se encuentran además las compañeras migrantes en situación irregular, que ante una necesidad de desplazamiento deben arriesgarse a ser perseguidas por las fueras represivas del Estado.
La propuesta del PSOE de castigar con cárcel a los acosadores anti aborto que van a las puertas de las clínicas para violentar a las mujeres que hacen uso de sus servicios, es mínima y no señala la verdadera necesidad de controlar y mejorar los recursos y el acceso para todas.
Como decían nuestras compañeras argentinas en la marea verde por el acceso al aborto: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”
Pero hay que añadir que no vale solo con conseguir la legislación favorable al acceso al aborto, y el Estado Español es el mayor ejemplo, a pesar de contar con una legislación que despenaliza el aborto dese hace ya 11 años, los datos demuestran como el acceso real sigue sin estar garantizado en igualdad de condiciones para todas las mujeres del Estado.
Por ello no debemos confiar meramente en las conquistas legales a la hora de defender nuestros derechos como mujeres al control sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Debemos seguir peleando por el acceso libre, seguro y gratuito al aborto para todas, por la ruptura con la iglesia y su moralidad que pone en riesgo nuestras vidas, además de por una educación sexual integral de calidad.
http://www.izquierdadiario.es/El-aborto-en-el-Estado-espanol-una-carrera-de-obstaculos
