La supresión del “cheque-comida” el pasado 2020 ha aumentado las colas del hambre y la mendicidad en las calles principales de Barakaldo

Activistas de la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak han denunciado frente al ayuntamiento de Barakaldo las vulneraciones de derechos que están padeciendo familias solicitantes de ayudas de emergencia municipales a través del área de Acción Social, encabezada por el concejal jeltzale Mikel Antizar.

De hecho, Antizar hizo público recientemente el balance de  concesiones y desistimientos de Ayudas de Emergencia Social (AES) en Barakaldo durante el año 2020 sin haber contestado por escrito ni en tiempo a los recursos que interpusieron varias familias tras haberles sido denegadas sus solicitudes,  cuando cumplieron con los plazos de entrega de documentación y de contestación en forma a los requerimientos demandados por Acción Social.

“El departamento de Acción Social ha dado por cerrado el plazo de solicitudes de ayudas de emergencia el año pasado sin haber dado una respuesta argumentada y por escrito (obligación recogida en la “Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”) a aquellas familias en situación de escasez económica que presentaron un recurso tras la denegación de sus solicitudes. Vista la situación, no creemos que los datos publicados puedan ser consecuentes con la realidad, ya que se están omitiendo casos con la intención de edulcorarla”

Parece que ni el conocimiento público de un cuantioso remanente del año anterior consigue cambiar la actitud del equipo de gobierno local, que sigue sin incrementar el presupuesto destinado a Acción Social, ni respeta algunos de los derechos amparados por ley que protegen a la ciudadanía,  ni acata las resoluciones y  recomendaciones que el Ararteko le ha dirigido expresamente en reiteradas ocasiones.

Berri-Otxoak constata desde su punto de información  que “son numerosas las familias a las que se les vienen denegando el acceso a las ayudas de emergencia bajo el argumento de que exceden límites patrimoniales recogidos en un Decreto de Alcaldía que contravienen los límites estipulados en leyes de rango superior, como la “Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social”, por lo que, lógicamente, han recurrido la denegación de su solicitud. Hasta el mismo Ararteko dirigió una recomendación expresa al Ayuntamiento de Barakaldo reprobando el uso de este criterio particular para denegar solicitudes”.

Otra de las cuestiones que constata la plataforma contra la exclusión social es que los servicios sociales municipales están colapsados, pese a que Antizar haya anunciado recientemente el supuesto refuerzo de su plantilla.

“La concesión de citas para la tramitación de las ayudas de emergencia a cinco meses vista (en septiembre), la demora de ocho meses para el reconocimiento de situaciones de dependencia de personas mayores y la ausencia de atención inmediata para casos urgentes de carencia de recursos, los cuales han aumentado producto de la pandemia y son atendidos con un retraso de al menos dos meses, evidencian que este colapso es innegable. No observamos mejoras en la atención o una reducción notoria en tiempos de espera para las familias usuarias, por lo que las medidas tomadas son insuficientes”, han declarado.

Frente a los datos de desempleo arrojados por Lanbide y al incremento en el número de familias que carecen de cualquier cobertura, subsidio o prestación, el colectivo tampoco atisba a comprender la causa de que los “cheques-comida” hayan sido suprimidos antes de que las familias beneficiadas pudiesen suplir autónomamente una necesidad tan básica como es la alimentación.

“A lo largo del año 2020, más de 600 familias de Barakaldo necesitaron los “cheque-comida” para cubrir su necesidad de alimentos tras haberse quedado en paro. Al ser suprimido, cientos de ellas se encuentran sin garantías de poder cubrir sus necesidades alimentarias más básicas, como lo acreditan las colas del hambre semanales ante las entidades benéficas que reparten alimentos en el municipio y el aumento de la mendicidad en calles centrales y entradas de supermercados”, han relatado.

Desde Berri-Otxoak han exigido al concejal Mikel Antizar que “sea consecuente con la situación que vive la localidad, que cumpla sus afirmaciones y fundamentalmente, que cumpla las leyes que amparan a la población más vulnerable”.

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