Con la dosis de bilis que suele acompañar aquí a las campañas electorales, convirtiendo la competición partidista en un ring, parece normal que nada más convocarse a las urnas la primera víctima sea la verdad. Como en los escenarios de las grandes batallas, los recursos poli-mili se disciplinan en orden a ennoblecer lo propio y demonizar al adversario. Eso es lo que está pasando en Madrid, donde todo oportunismo tiene su asiento cara a la cita del 4M.
Dejemos aparte al candidato socialista Ángel Gabilondo y su sobrevenido escapismo metodológico. Nada añade a su currículum ese estilo pompier con que ahora recela a la vez de Pablo Iglesias, socio de Pedro Sánchez en el poder del Estado, por “radical y extremista”, y de la añorada progresividad fiscal. Oscuro objeto de deseo del antiguo páter corazonista cuando acusaba al gobierno de la Comunidad de practicar “dumping fiscal”, y hoy en regresión hacia sus años de ministro de Educación. Tiempos en que su patrón, José Luis Rodríguez Zapatero, pregonaba aquello de << bajar los impuestos es de izquierdas>>. Pero nadie supera en chovinismo mental a su rival, la lideresa Isabel Díaz Ayuso, que etiqueta su arremetida con la absurda dicotomía trumpista <<comunismo o libertad>>.
Aunque a la postre ambos bandos se rigen por el mismo troquel doctrinal de fines que justifican medios, lo de la presidenta madrileña se lleva el premio gordo de la insensatez. Porque su particular <<no pasarán>> ha sido programado junto a una iniciativa parlamentaria del Partido Popular (PP) que reproduce las claves de una cruzada ideológica. Pretendieron los diputados de Génova 13, antes de abandonar la sede de las abrasivas sicofonías, que el congreso aprobara una declaración de condena del comunismo. Y claro, se armó la que no estaba en los libros. Para los progresistas con mando en plaza, el primer gobierno de coalición de izquierdas desde la Segundo República, la impúdica especie suponía mencionar la soga en casa del ahorcado. Máxime cuando los de Casado hunden sus raíces en los estertores del franquismo, <<Caudillo de España por la gracia de Dios>>, mientras las gentes que se reconocen en la saga del PCE representaron uno de los baluartes de la oposición a la dictadura. Visto lo cual, la propuesta oficiaba como una provocación fruto de la ignorancia y el fanatismo.
Y como siempre que la sal gruesa se impone como único condimento, se arrampló con el <<y tú más>> habitual y el <<cuanto peor, mejor>>, con las consiguientes toñas de medias verdades, trampantojos y bostezos. La evidente mala fe del PP, colocando en suerte el trágala facturado para promocionar el eslogan de Ayuso, pervertía un debate en profundidad que hace dos años incentivó la Unión Europea (UE) ante el auge de los populismos que, a diestra y siniestra, incitan al odio y la intolerancia. Se trata de la Resolución aprobada por una amplia mayoría del europarlamento el 19 de septiembre de 2019 sobre la <<importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa>>.
Reafirmando los principios universales de los derechos humanos de la UE como una comunidad de intereses comunes, y considerando que se conmemoraba el 80º aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial, propiciada por la firma de un Tratado de No Agresión <<entre la Unión Soviética comunista y la Alemania nazi […] por el que Europa y los territorios de Estados independientes se repartían entre estos dos regímenes totalitarios>>, Bruselas instó un relanzamiento de los valores de paz, libertad y democracia. A tal fin, disponía el acuerdo en su punto 8, se << Pide a todos los Estados miembros que conmemoren el 23 de agosto como Día Europeo de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo a escala tanto nacional como de la Unión>>. <<Regímenes totalitarios>> y <<Estalinismo y Nazismo>> eran las expresiones utilizadas entonces que el Partido Popular ha pretendido que incrustar en el parlamento español como si de una directiva europea se tratara. Y aunque en el documento base no se menciona el término <<comunismo>> junto al de <<nazismo>>, su utilización por analogía a manos del grupo popular ha servido para incendiar aún más el bloquismo que se ha instalado en la escena política española. Bien es cierto que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en una reciente intervención en la cámara baja dijo sentirse orgulloso de <<toda la historia del comunismo>>. Sin apearse un ápice de la parte alícuota que entraña el <<estalinismo>> en el conjunto del comunismo que realmente ha existido. Con semejantes presupuestos no es extraño que en su defensa, el secretario general del PCE y diputado por Unidas Podemos (UP), Enrique Santiago, resaltara la decisiva contribución de los comunistas al éxito de la transición; que Oskar Matute de EH Bildu recordara que el fundador del PP, Manuel Fraga Iribarne, fue un lacayo de la criminal dictadura que <<justificó las ejecuciones de comunistas>> ; y que, desde otra singladura epistémica, el miembro de la CUP, Albert Botrán, rubricara sus convicciones con un sonoro y paritario <<¡Viva el comunismo y viva la libertad!>>.
Sin embargo, aun reconociendo la legitimidad de todas las reivindicaciones realizadas, se trata de un debate anacrónico en cuanto a su vigencia, que en última instancia vuelve a demostrar el déficit democrático y moral sobre el que planificó el Régimen del 78. Una especie de pecado original insertó en su ADN que, de tanto en tanto, regurgita para recordarnos que de aquellos vientos proceden muchos de nuestros lodos. Ese <<atado y bien atado>> que, cual lecho de Procusto, nos impide avanzar hacia un marco de pleno desarrollo de derechos y libertades sin tutelas ni paternalismos previos. Quizás porque, como confesara el ex dirigente del PCE Javier Pradera antes de convertirse en intelectual orgánico del diario El País, el bendecido consenso significaba en realidad <<que han ganado los continuistas, el régimen se ha sucedido a sí mismo, los que gobernaban antes siguen gobernando ahora, se han quedado con el poder, se han quedado con el dinero>> (Santos Juliá, Camarada Javier Pradera, pág.375). Y ese estigma bicéfalo es lo que desmerece las polémicas ideológicas actuales, que muestran una realidad hueca a las generaciones crecidas en la amnesia del pasado inmediato.
Fraga fue, ciertamente, un pilar del franquismo, y Carrillo un luchador antifranquista. Pero los dos se pusieron de acuerdo para imponer la monarquía designada por Franco en la persona de Juan Carlos de Borbón como jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas; y convinieron en una amnistía inequitativa que suponía en la práctica una <<ley de punto final>> para todos los servidores de aquella cruel dictadura.
Sin que faltaran voces cualificadas en el orfeón de la intelligentsia comunista que justificaran aquella claudicación. Desde la ocurrente <<correlación de debilidades>> del escritor afín al PSUC Manuel Vázquez Montalbán, a lo dicho a capela por Marcelino Camacho en la tribuna del Congreso al defender la posición del PCE ante la ley de amnistía:<<Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que “nos habíamos estado matando los unos a los otros”, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?>>. Asumir que <<Nos habíamos matado los unos a los otros>>, argumentó el líder de Comisiones Obreras. Víctimas y verdugos igualados. Ese fue el mensaje que acreditaron en tándem Fraga y Carrillo al darse público reconocimiento en el Club Siglo XXI como fin de ciclo. Las siete llaves sobre el sepulcro del Cid que impiden una verdadera y reparadora justicia transicional. Aquí no hubo un Tribunal de Nuremberg.
La etapa histórica que abría aquella transición sin asunción de responsabilidades hubiera pasado como un mero ejercicio voluntarista de propaganda de no ser porque simultáneamente se puso en marcha un aparato de seducción masiva que tuvo su epicentro en la fundación del diario El País como talentoso heraldo de la nueva normalidad. Un aparato de información, comunicación y mentalización que siguió las pautas ya trazadas por los principales agentes del cambio para borrar las huellas precedentes. De ahí que tardofranquistas y carrillistas aparecieran otra vez como protagonistas en la creación del grupo mediático que iba a ser el santo y seña de los ideales del Régimen del 78. Según distintas revelaciones, tanto Fraga como la cúpula del PCE tuvieron mucho que ver en ese parto mediático. Fue el economista Ramón Tamames, a la sazón miembro del Comité Central del PCE e integrante del Consejo de Administración de la sociedad promotora del rotativo, quien propuso a Jesús de Polanco como presidente de El País, entonces un editor de pocos vuelos que había sido instructor del Frente de Juventudes en la centuria Sancho el Fuerte de Cobaleda (Rafael Pérez Escolar. Memorias. Págs. 231 y 248). Pero en la sala de máquinas, monitorizándolo todo, estaba el incombustible franquista de <<la calle es mía>>. Lo cuenta Juan Luís Cebrián en su hagiografía Primera página. Vida de un periodista 1944-1988. << […] Manuel Fraga era quien verdaderamente lo apadrinaba (Pág.161); […] el empeño estelar de Fraga era sacar El País a la calle (Pág.162); […] Ramón Tamames, miembro del comité central del clandestino partido comunista, figuraba en el Consejo de Administración (Pág.164)>>.
Siguiendo la lógica del <tracto sucesorio>>, que diría un Pradera ya asimilado en las estructuras del sistema como mentor ideológico y cultural, el rotativo de conspiración fraguista llegó a los quioscos llevando en su cabecera como director a Juan Luis Cebrián. Un precoz y talentoso periodista que había logrado seducir a Fraga, entonces embajador en Londres, aprovechando sus visitas a la capital británica por motivos inconfesables. Cebrián era hijo de Vicente Cebrián Echarri, procurador en Cortes, director de la agencia Pyresa y del diario falangista Arriba, y delegado nacional de la Prensa del Movimiento. Con semejante aval, había realizado gran parte de su fulgurante carrera profesional a las órdenes directas de Emilio Romero, responsable del diario Pueblo, órgano de los sindicatos verticales de la Organización Sindical Española. Bajo el mandato de Carlos Arias Navarro, el fiscal fascista que por su refinada maldad se ganó el calificativo de <<carnicerito de Málaga>>, Cebrián fue aupado como jefe de los servicios informativos de Radio Televisión Española (RTVE) por el último gobierno de la dictadura. De su inquebrantable talante da idea el hecho de que asumiera el cargo el 2 de marzo de 1974, el mismo día en que el régimen que le tenía en nómina asesinaba de garrote vil al joven anarquista catalán Salvador Puig Antich, como recoge el académico y periodista en su libro a modo de descargo (sic).
Ya en democracia El País se convirtió en el diario español de referencia, destacando por su cerrado apoyo a las políticas de los gobiernos socialistas, y Cebrián en un asiduo al Grupo Bilderberg, el selecto club donde se reúnen anualmente algunas de las personas más influyentes del planeta. Como él mismo recuerda, su padrino fue el entonces embajador alemán Guido Brunner (Pág.138), quien a su vez le había recomendado fichar al periodista Herman Tertsch, en su juventud integrante del Partido Comunista de Euskadi, quien, tras ostentar la subdirección del diario y ocupar el puesto de jefe de opinión, terminó como europarlamentario por el partido de extrema derecha Vox. El ascendente filocomunista ha estado muy presente en la fecunda historia de El País, donde al menos tres de sus cinco directores fueron militantes del PCE o activos compañeros de viaje. Un pedigrí del que El País blasona cuando, a la hora de elogiar a la ministra de Trabajo de UP, titula: <<una comunista para rebajar la tensión>>. Circunstancias que el Grupo Prisa hizo compatibles con el hecho de que el jefe del gabinete jurídico del diario desde su fundación en 1976 fuera hasta su fallecimiento el antiguo juez de Orden Público número 2, Diego Córdoba Gracia. De esta forma, el jurista multiusos pasó de decretar prisión para algunos de los 113 miembros de la Asamblea de Catalunya detenidos en 1973 a defender, tres años más tarde, la libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la constitución.
La arquitectura preconstitucional del Régimen del 78, consensuada por izquierda y derecha, fue el marco que hizo posible la permanencia del sistema. Un legado del franquismo que casi medio siglo después de la desaparición física del dictador permanece inamovible en sus líneas maestras. De la parte contratante de la derecha posfranquista, quedó fijada la continuidad legal de partidos que, como Falange y derivados, formaron parte del aparato político-ideológico de la dictadura. Razón por la cual hablar hoy de cordón sanitario frente a formaciones ultras (hoy constitucionales) tiene mucho de ventriloquismo maniqueo y lampedusiano (la invención del <<trifachito>> como espantapájaros). Y de la parte contratante del reparto correspondiente a la oposición antifranquista, y más en concreto a la confluencia comunista no iliberal, quedó la prevalencia de una industria cultural que, con El País a la cabeza, asemejaba los valores de la democracia derrotada en la guerra civil. Imaginario perpetrador de episodios de linchamiento progre, como las mezquinas protestas que impidieron la edición del tercer tomo de Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, o el sórdido boicot a la distribución del ensayo Koba el Terrible, del escritor inglés Martín Amis, sobre los crímenes de Stalin.
Mediocridad democrática sin parangón que Max Aub, uno más de los muchos ilustres republicanos exiliados, denunciaba tras visitar la España democrática y contemplar a una ciudadanía resignada al exilio interior y al rigorismo de la obediencia debida, como magistralmente describe en las páginas de La gallina ciega. ¡Oh, Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre!
¿De qué transfuguismo estamos hablando?
Rafael Cid
