El pasado viernes 29 Pablo Hásel hizo pública la orden judicial que lo obliga a ingresar en prisión en un plazo de 10 días (la orden se consuma este domingo), ejecutando definitivamente la sentencia que lo condena a 9 meses y un día, según la fiscalía, por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona. La sentencia de la sala acusaba entonces a Hasel de acusar al rey emérito y también al actual rey de delitos. Algunos de los tuits por los que fue condenado hacían referencia a los supuestos “negocios mafiosos” entre la Casa Real y Arabia Saudí, negocios que ahora ya son conocidos y que siguen bajo investigación judicial.
Hásel ha declarado en rueda de prensa no tener nada de qué arrepentirse ni tener intención de cumplir tal orden. Igualmente ha descartado el exilio y el indulto, y ha llamado a la población a movilizarse por la libertad de expresión contra la represión y censura que impunemente se está convirtiendo en una herramienta habitual del Estado Español.
La persecución que ha sufrido Hásel desde la primera detención (detenciones aleatorias e injustificadas, tuits condenados, hostigamiento público, etc.) contrasta con la impunidad que disfruta la corona. Mientras a Hásel le condenan a prisión por criticar las corruptelas del rey Juan Carlos, sus vínculos con dictadores y violadores de derechos humanos (amistades que su hijo y actual rey sigue disfrutando), su evasión fiscal, sus cacerías ilegales y sus juergas son cada día más evidentes.
Igualmente resulta una desagradable ironía que pese sobre Hásel una acusación de enaltecimiento de terrorismo por unos tuits de solidaridad con presos políticos al tiempo que el Estado permite que un asesino como Emilio Hellín Moro, que formó parte de un comando fascista que mató a Yolanda González, sea asesor del peritaje judicial del caso Cifuentes. Parece evidente a quién protege la justifica española: un tuit de un rapero es más “terrorismo” que asesinar a una joven del movimiento estudiantil.
Las instituciones del Estado Español, lejos de estar sólo podridas, protegen mediante la represión más descarada a los herederos del franquismo, como es la Corona y la justicia. Y el horizonte no es halagüeño. Las consecuencias de la Ley Mordaza se hacen ver en esta absoluta violación de los derechos fundamentales, como es la libre expresión.
Es este un nivel de persecución a la libertad de expresión que, lamentablemente, se repite con cada vez mayor frecuencia, pero al cual no podemos acostumbrarnos. Es una ley que se ha demostrado no están dispuestos a cambiar desde el parlamento tan siquiera los mismos que llegaron a él denunciándola. Sólo la lucha en las calles puede protegernos de las comisarías y las prisiones que se alzan contra los que protestan.
Concentraciones en E.H. ante el encarcelamiento de Pablo Hásel
Iruñea/Pamplona: Sábado 6 de febrero, 19:00 h., Plaza del Castillo
Gasteiz/Vitoria: Sábado 6 de febrero, 20:00 h, Plaza Virgen Blanca
Bilbao: Domingo 7 de febrero, 12,30, Plaza Elíptica
