Resultante de la fusión fría de las cajas vascas, Kutxabank empezó a operar desde el 1 de Enero de 2012. En la nueva entidad producto del acuerdo del PNV con el PP, la BBK tiene una participación del 57%, la Kutxa el 32% y la vital el 11%. El consejo de administración de Kutxabank está presidido por Mario Fernández del PNV y está compuesto por diez representantes designados por PNV, cuatro por el PP, mientras que PSE-EE y Bildu se quedaron fuera de este órgano que se queda con 15 miembros en vez de los 20 pactados previamente.
La llamada Ley de Cajas, aprobada el 21 de Julio de 2010, por acuerdo del PSOE y del PP, permite la entrada de capital privado, hasta un 50%, mediante las llamadas “cuotas participativas” y se reduce la presencia institucional en los órganos de gobierno, de un 50% al 40%.La privatización, va a suponer además del desmantelamiento de la Obra Social, el poner en bandeja un apetecible bocado para la oligarquía vasca, (actualmente en conjunto tienen unos beneficios de unos 600 millones de euros) que desde hace tiempo viene persiguiendo por la gran cuota de mercado que ostentan.
Además, la suma de empresas participadas, sería una «fuerza económica de primer orden» con destacadas participaciones en: Iberdrola (7,2%), CAF (17 %), SabadellGuipuzcoano (24,5%), Euskaltel (56,1%), Petronor (20%), Enagas (5%), Red Eléctrica (2,2%) y Serinor (66,6%), entre otras. Algunas con graves impactos medioambientales, con participación en el negocio de las armas y en la industria nuclear.
Una sociedad bancarizada, como la actual, es una sociedad hipotecada, política y económicamente. La especulación financiera no solamente ha sido y es responsable de la crisis económica. La banca privada, además, desde su posición privilegiada de monopolio, es un poderoso instrumento de dominación de clase y chantaje permanente, que convierte nuestras vidas en simples áreas de negocio.
Kutxabank puede ser una oportunidad para desarrollar un proyecto de Banca Publica, ya que las entidades de ahorro, con su potente cuota de mercado, pueden ser la base de ese proyecto. Su venta constituye, por lo tanto, una operación política diametralmente opuesta a los intereses y necesidades de la sociedad.
Cualquier avance social de reparto del trabajo y de la riqueza, junto con la reactivación de la economía productiva, pasa por romper las reglas de juego del sistema bancocrático. Es necesario acabar con el monopolio actual de la banca privada y, en la línea de la defensa de los servicios públicos, reivindicar la creación de una banca pública de calidad, al servicio de los derechos de l@s trabajado@s y de la ciudadanía, sin ánimo de lucro, con un funcionamiento ético, bien gestionada y controlada democráticamente.
