La pobreza energética llega al 15% de los hogares españoles y afecta a más de 6 millones, que hora mismo están pasando frío en unos hogares sin calefacción, al no poder pagar las abusivas cuotas impuestas por las bandas organizadas que integran el holding de la energía, donde ya se anuncia una nueva subida de las tarifas eléctricas y donde el 2012 cortaron el suministro a 1,4 millones de viviendas por impago.
La pobreza energética aumenta de forma galopante en todo el estado español, donde millones de familias se ven imposibilitadas de asumir el precio de los recibos, dándose el caso de que personas mayores, enfermos/as, niños/as y hasta recién nacidos/as, sufren las temperaturas gélidas que inundan cada rincón de sus humildes viviendas y provoca miles de muertes prematuras.
Es un fenómeno prácticamente invisible para administraciones públicas, organizaciones sociales, sindicales y políticas, por su carácter eminentemente doméstico y espacialmente difuso como por su estrecha interrelación con otras formas de pobreza y exclusión social.
Esta gravísima situación pone en grave riesgo las vidas y la salud de las personas afectadas, que son víctimas directas de las reformas energéticas del gobierno, que no ha tenido en cuenta que existen infinidad de familias sin posibilidades económicas, preocupándose exclusivamente de los beneficios millonarios de las multinacionales.
La energía es un servicio y un derecho básico, como el acceso al agua, y ha de superponerse a los intereses empresariales de unos pocos y ser entendido como un derecho inalienable. Se entiende como pobreza energética la incapacidad de mantener una temperatura de confort en la vivienda, pagando un precio justo por ello.
Se sabe que una parte de la población española es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o se ve obligada a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda.
La pobreza energética ha aumentado por la reducción de los ingresos en las familias, la subida de los precios de la energía y la escasa eficiencia energética de los edificios. Desde el año 2008 el coste del recibo de la luz se ha disparado más de un 70%, alcanzando una media de 800 euros al año, pero esto no parece importarle a este impresentable gobierno del PP.
La administración carece de una estrategia definida de lucha contra la pobreza energética, aunque algunas políticas medidas y elementos del marco normativo, como el bono social, sirven como paliativo temporal para algunos hogares. A pesar de la amplia variedad de instrumentos orientados a mejorar la eficiencia energética del parque de viviendas de España, ninguno de ellos se refiere a la pobreza energética entre sus objetivos o criterios.
Se sospecha además que los hogares con menos recursos no se están beneficiando de las ayudas contempladas en dichos instrumentos. Especial atención merece la cuestión no resuelta del déficit de la tarifa eléctrica, que puede convertirse en una causa principal del incremento de las tasas de pobreza energética si se resuelve con un aumento de la tarifa como el solicitado por los productores de electricidad.
La Asociación de Ciencias Ambientales propone la rehabilitación energética de las viviendas como la única solución, a largo plazo, de la pobreza energética. Además estima que este puede convertirse en un importante nicho de empleo con la generación de 35.000 empleos estables de aquí a 2030 y con la reconversión de muchos trabajadores de la construcción, actualmente en paro. Con una inversión de 2.150 millones de euros, dicen desde la Asociación, podrían rehabilitarse 2,1 millones de viviendas; las actualmente afectadas por esta pobreza, una nueva realidad que la crisis ha traido a España.
