En los temas comerciales, los Estados europeos transfieren sus competencias a la Comisión Europea, la cual negocia en nombre de los Veintiocho países miembros. Los gobiernos dan un mandato de negociación a la Comisión, y ésta fija los objetivos para alcanzar y los intereses europeos que defender.
El mandato para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Transatlántico (TAFTA) fue aprobado el pasado 14 de junio, pero no fue dado a conocer ni al Parlamento Europeo ni a las opiniones públicas. Se supone que es un documento secreto que establece el margen de maniobra que tendrá la Comisión durante los meses de negociación, en cuestiones muy sensibles para el modelo de desarrollo europeo.
El TAFTA es un tratado de una importancia estratégica porque si se aceptan las exigencias de Washington, la UE tendrá que renunciar a varias de sus políticas y afectarán a sectores enteros de la economía. Pues se trata, ni más ni menos, que de transformar la zona euro-atlántica en una inmensa área de libre comercio.
El tratado se usará para eliminar regulaciones sociales, laborales y ambientales que hasta la fecha han protegido –de forma desigual– ciertos derechos de las personas. El beneficio será para las grandes empresas transnacionales. El objetivo de este pacto comerciales reducir los costes y retrasos innecesarios para las corporaciones…”
Corporaciones transnacionales de EE UU están haciendo mucho lobby para rebajar las normas laborales en Europa y deshacerse del Principio de Precaución (sobre el que se basan varias directivas ambientales como la que regula las sustancias químicas peligrosas o las normas de seguridad alimentaria, etc.), con el fin de aumentar sus exportaciones. Así, empresas energéticas tienen su vista puesto sobre la extracción de gas y petróleo no convencional mediante la fractura hidráulica (fracking) y podrían usar estas negociaciones para romper las prohibiciones logradas por las movilizaciones sociales.
Estas negociaciones incluirían un capítulo sobre inversiones, con el que empresas farmacéuticas y de servicios hospitalarios podrían impugnar legalmente las políticas públicas de salud, algo que ha pasado ya con otros tratados comerciales.
Una de las demandas claves de las patronales en todas las negaciones comerciales ha sido garantizar que la compra pública (contratos de gobiernos locales, autonómicos, estatales) sean abiertos a la competición global, especialmente de cara a los recientes programas económicos que pretenden favorecer contratos con pequeñas empresas locales frente a las empresas multinacionales como una vía de apoyar las economías locales para recuperarse de la crisis financiera.
El estudio de impacto de la Comisión Europeo sobre el futuro tratado comercial reconoce que sectores como la ganadería, fertilizantes, agrocombustibles y azúcar sufrirán impactos negativos. También bajarían los ingresos de industrias como la maquinaria electrónica, equipos de transporte y metalúrgica, así como los sectores de productos madereros y papel, servicios a las empresas y comunicación con la consecuente pérdida de puestos de trabajo.
Una mayor exportación de EEUU podría agravar además la división intra-europea entre los países “ricos” y “pobres”. Resulta razonable concluir que las políticas de liberalización comercial y de inversiones conllevan una pérdida de empleos y derechos laborales, una mayor precarización y el aumento de desigualdades. Mientras la UE busque la subordinación de sus leyes laborales a los intereses de las grandes empresas, es de esperar que el derecho a la sindicalización, la negociación colectiva, el derecho a la huelga y otros derechos laborales sigan minándose.
