El rescate de la Unión Europea a Chipre, no es un rescate al país, es un rescate a la banca de Chipre que está a punto de quebrar. La novedad de este rescate son las medidas que el país tiene que realizar para recibir el dinero del rescate. Mientras que en el resto de países las medidas han ido encaminadas a aumentar impuestos como el IVA o el IRPF, disminuir los gastos de las administraciones públicas, flexibilizar el mercado laboral… en el caso de Chipre la medida estrella ha sido la quita en los depósitos y que terminará en manos de los acreedores de los bancos, es decir de los bancos Alemanes y Franceses.
A nadie se le escapa que esta quita a los depositantes chipriotas es un robo clarísimo. La transmisión del dinero es muy evidente: se extrae dinero directamente de los ahorros de los ciudadanos para pagar los platos rotos por la banca. Es normal que multitud de voces condenen esta quita; se trata de un atracado descarado. El depositante chipriota ve de golpe y porrazo cómo ha disminuido su capacidad adquisitiva; ve que lo han empobrecido de la noche a la mañana. Un robo, al fin y al cabo, ordenado por la Unión Europea y ejecutado por el gobierno de Chipre para pagar a los acreedores.
Esta medida es el reflejo de una torpeza infinita por parte de los gobernantes chipriotas y europeos (medida que se está echando para atrás por la presión popular y la amenaza del Gobierno de Rusia). Además, la quita a los depositantes tiene otras consecuencias de enorme envergadura. Puesto que debe pasar un tiempo para que pueda consumarse el robo (es necesario aprobar una ley), los depositantes podrían verse animados a retirar todos sus ahorros para no perder ni un euro. Con la intención de evitarlo, el gobierno chipriota ha cerrado las entidades financieras y sólo permite sacar 1.000 euros diarios de las cuentas de ahorro.
Se ha tenido que imponer un corralito en toda regla. Es la primera vez que ocurre en la zona euro y ello tendrá repercusiones importantes. Por un lado, se constata una vez más que a las autoridades no les interesa proteger los ahorros de los ciudadanos; prefieren proteger a los grandes acreedores a pesar de que según la legislación vigente deberían ser ellos los primeros en asumir pérdidas (léase este artículo referente al caso español: “¿Qué pasaría si los bancos españoles en problemas no recibieran ayudas y se les dejara caer?”).
Por otro lado, ahora ningún ciudadano europeo podrá dormir tranquilo pensando que cualquier día podría ocurrirle lo mismo en su país. Los gobiernos europeos han dedicado mucho tiempo y esfuerzo para convencernos de que era imposible que se diese un corralito en un país de la Unión Europea. Los hechos han demostrado que no sólo es posible, sino que las autoridades están dispuestas a acometer este tipo de medidas con tal de que los platos rotos los paguemos todos los ciudadanos y no los grandes inversionistas que son al fin y al cabo quienes deberían hacerlo
