Hoy en día, en Grecia se liquidan los derechos laborales y se reducen los servicios sociales como los colegios y los hospitales. Se elimina todo rastro de democracia y cada vez más personas se hunden en la miseria. Lo único que les interesa al gobierno y a la Unión Europea es la prosperidad de las economías bancarias y todo se ve destinado a convertirse en propiedad privada o a caer en manos de grandes prestamistas. En momentos como este, a la sociedad no le queda mucho que perder. Los célebres valores de la antigua cultura griega, a la que todo el mundo apela con enorme celo, han quedado de lado en este mundo de mercados y bancos.

En este marco se encuadra igualmente la destrucción del servicio arqueológico del Ministerio de Cultura y Turismo. Primero, la política gubernamental identificó la protección del patrimonio cultural única y exclusivamente con la política turística, dejando que los monumentos se deterioren y se desatiendan. Después, continuó enviando a casa al 10% de los trabajadores, con pensiones reducidas, y realizando recortes en la financiación de servicios que ya de por sí eran deficientes. Ahora, procede a realizar despidos: al menos el 3% de la plantilla de todos los ministerios será despedido en un plazo de dos meses (a excepción de policías y militares). Asimismo, se prevé una inmediata reestructuración del ministerio y muchos puestos de trabajo quedan en el aire.

Unas veces a través de la fusión de departamentos, otras mediante la eliminación de organismos y puestos, la política gubernamental imperante persigue conformar un servicio arqueológico que no desempeñe ningún papel activo en la protección de los monumentos y que simplemente supervise su explotación por parte de particulares. La imagen de una arqueología que se desmorona y que es víctima de desaprensivos ladrones, como en el caso del museo de Olimpia, o de los grandes “inversores”, ha hecho que se interesen por ella aquellos que codician lo que nosotros defendemos: la protección y la integridad del patrimonio cultural de este país.

Para los que trabajamos en el servicio arqueológico, el que se privaticen o se abandonen los monumentos no es algo que afecte simplemente a nuestro futuro laboral: afecta de forma más global a la protección de la riqueza cultural, a la propia historia de nuestra sociedad. Por eso trabajamos en condiciones difíciles y por eso nuestro trabajo cumple una función social, y es lo que seguiremos haciendo, resistiendo contra todas las medidas “de excepción”, contra todos los intentos de “racionalización” que dejan a los museos y los monumentos desprotegidos, contra toda política que considera que la cultura es una carga o un privilegio para unos pocos elegidos.

Trabajadores de los servicios del Ministerio de Cultura y Turismo de la zona de Plaka

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