El pacto fiscal impulsado por Alemania, fue firmado el viernes día 2 de Marzo en Bruselas, con la excepción del Reino Unido y de la República Checa, por 25 de los 27 países que integran la Unión Europea, obliga a los países firmantes a incluir en su constitución un límite de déficit estructural del 0,5% y contempla sanciones automáticas para quienes sobrepasen el 3% que fija el pacto y concede a un país firmante la posibilidad de demandar a otro si incumple estos parámetros. Este pacto entrará en vigor el 1 de Enero de 2013.
Este Pacto Fiscal es un ataque brutal a los derechos sociales y laborales, obliga a los Estados a reducir gastos sociales y salarios, y profundiza políticas económicas neoliberales injustas que han causado la actual crisis y crearán una crisis todavía más severa. El nuevo Tratado sobre fiscalidad prioriza el dominio autoritario de la Comisión Europea sobre las políticas económicas estatales, eliminando competencias de los parlamentos nacionales.
La UE pretende con el Pacto Fiscal imponer normas de obligatorio cumplimiento “para siempre”, sin que mayorías parlamentarias puedan cambiarlas y que autorizaría a la Comisión Europea, entre otras, de aplicar multas a los Estados que podrían ascender hasta el 1% del PIB, lo que sufrirán los ciudadanos al verse recortado los gastos sociales.
El déficit fiscal en los países de la UE no ha creado la actual crisis económica, sino que gran parte del endeudamiento público es el resultado de políticas públicas erróneas y del rescate escandaloso de los bancos y el sistema financiero que ha supuesto el trasvase del dinero de los contribuyentes a los bolsillos de los banqueros y el gran capital privado.
“Es necesario derrocar el Pacto Fiscal para poder defender una justicia económica y una democracia real”, ha señalado el grupo de trabajo de economía del 15M y aplaude la decisión de celebrar un referéndum en Irlanda sobre el Pacto Fiscal y anima a la ciudadanía a movilizar en contra del nuevo tratado y a exigir un referéndum en todos los países de la UE. También ha denunciado la incorporación del déficit cero en la Constitución española en verano de 2011, sin referéndum y sin debate público y con tremendos impactos sociales que ya está teniendo esta medida antidemocrática, como los recortes en la educación, la sanidad y la reforma laboral.
