El pasado 28 de febrero de 2022 el periodista vasco Pablo González, fue secuestrado por el Estado de Polonia mientras ejercía su profesión. González cubría los efectos de la invasión de Rusia en Ucrania cuando fue acusado sin pruebas de ningún tipo de estar colaborando con la inteligencia militar rusa. Desde entonces, el periodista ha estado casi incomunicado y se le ha negado derechos fundamentales como el de contactar con su entorno próximo y su familia.
Además, el pasado 23 de agosto el Tribunal de Apelación de Rzeszów anunció que rechazaba la demanda presentada por el abogado de Pablo González en Polonia contra la decisión de prorrogar la detención del periodista durante otros tres meses. Es por ello que, a día de hoy, sigue incomunicado y su familia sigue sin poder visitarle ni contactarle por vía telefónica. Pablo, literalmente, está aislado y encerrado en una cárcel polaca sin haber cometido ningún delito.
Han sido muchas las organizaciones y colectivos a lo largo de estos meses los que han mostrado su apoyo al periodista y han exigido tanto a la Comunidad Internacional como a los Gobiernos de la Unión Europea que de una vez por todas intercedan por la libertad de Pablo.
Desde CGT-LKN no podíamos olvidarnos de esta cuestión por entender por un lado que la libertad de expresión y de opinión es un derecho universal de cualquier ser humano, reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este artículo, además, se especifica que ninguna persona podrá ser molestada a causa de sus opiniones, ni por investigar y recibir informaciones, ni mucho menos por difundirlas sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. Por otro lado, la libertad de prensa es uno de los pilares sobre los que se sostiene cualquier Estado que se dice llamar “democrático” y que por ende se relaciona y participa en comunidades que asumen estos derechos tanto a nivel individual, como Estados miembros, como a nivel internacional.
Desde CGT consideramos que la situación del periodista Pablo González es un ataque tanto a los derechos que los y las profesionales de la comunicación poseen como trabajadores y trabajadoras, y a los de cualquier persona que decida contar y opinar hechos o sucesos de los que es testigo dentro de su libertad de expresión.
Como anarcosindicalistas exigimos la inmediata puesta en libertad de Pablo, y exigimos tanto al Gobierno del Estado español como a la Unión Europea que pongan todos los medios posibles para llegar a un acuerdo con Polonia para la liberación de este compañero, porque la verdad no puede ser otra privando de libertad a quienes la buscan.
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