Con la disputa entre los partidos sobre la composición del consejo de administración del nuevo banco, se pretende enmascarar una operación de privatización de las cajas vascas, donde todos los partidos incluido Bildu, dan por bueno una operación, que va a suponer además del desmantelamiento de la Obra Social, el poner en bandeja un apetecible bocado para la oligarquía vasca, (actualmente en conjunto tienen unos beneficios de unos 600 millones de euros) que desde hace tiempo viene persiguiendo por la gran cuota de mercado que ostentan.
Además, la suma de empresas participadas, sería una «fuerza económica de primer orden» con destacadas participaciones en: Iberdrola (7,2%), CAF (17 %), SabadellGuipuzcoano (24,5%), Euskaltel (56,1%), Petronor (20%), Enagas (5%), Red Eléctrica (2,2%) y Serinor (66,6%), entre otras. Algunas con graves impactos medioambientales, con participación en el negocio de las armas y en la industria nuclear.
Porque la llamada Ley de Cajas, aprobada el 21 de Julio, permite la entrada de capital privado, hasta un 50%, mediante las llamadas “cuotas participativas” y se reduce la presencia institucional en los órganos de gobierno, de un 50% al 40%.
Las consecuencias de esta fusión además de la reducción o desaparición de la Obra Social, el desarraigo del entorno social y territorial, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, por el previsible cierre de oficinas.
Esta privatización es una oportunidad perdida para desarrollar un proyecto de Banca Pública y una operación política diametralmente opuesta a los intereses y las necesidades de la sociedad vasca, donde toda la clase política se ha puesto de acuerdo.
