El desmantelamiento empieza con Ley 26/1985, de 31 de julio, de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social, por la cual se hace pasar de 2 a 8 años el período de la base reguladora para calcular la pensión y pasar de 8 a 10 los años necesarios para tener derecho a la misma. Provoca una Huelga General contra el Gobierno del PSOE, convocada por CCOO y otros sindicatos como CGT. UGT no la apoya.
En 1995 el Congreso de los Diputados, a propuesta de CiU, crea el Pacto de Toledo, que supone la legitimación de las políticas de ajuste en el Sistema Público de Pensiones, avaladas con el primer Pacto de Pensiones que firmaron CCOO y UGT con el gobierno Aznar y aprobado mediante la Ley 24/1997 que establece un cambio fundamental: la totalidad de las pensiones contributivas se financiarán exclusivamente con las cotizaciones sociales, sin que el estado intervenga. Ésta Ley fue aprobada por la mayoría de partidos parlamentarios.
En 2011, el gobierno de Zapatero con apoyo de CCOO y UGT decreta una nueva Reforma que va a suponer: Cada año se aumenta la edad mínima para poder jubilarse, hasta llegar en el 2027 a los 67 años. Se pasa de 15 a 25 años el período para calcular la base reguladora de la pensión. Se aumenta también de 35 a 37 los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Zapatero congela por primera vez las pensiones.
En 2013 el gobierno de Rajoy aprueba la Ley 23/2013, de 23 de diciembre e introduce el Factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019 que tendrá en cuenta la esperanza de vida de los pensionistas a la hora de fijar su pensión inicial y el Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social que desvincula definitivamente la actualización de las pensiones del IPC, con una fórmula que le permite fijar una subida máxima del 0,25%.
La gran movilización actual de pensionistas no pueden quedar reducidas sólo a los/las pensionistas para conseguir solamente la revalorización de las pensiones al IPC, sino que también es necesaria incorporación a la movilización a trabajadores/as y jóvenes, que tienen que hacer suya esta batalla porque son los más afectados por las reformas pasadas y fundamentalmente por la entrada en vigor en 2019 del factor de sostenibilidad.
Una movilización que debe reivindicar la derogación de todas las reformas laborales y de pensiones desde el 2010 y por un modelo de pensión y salario mínimo por encima de los 1000 euros. El sábado día 17 de nuevo tomaremos las calles en todo el Estado. En Bilbao a partir de las 17:00 h. desde el Ayuntamiento. Súmate a esta movilización.
