Estas personas vendedoras ambulantes, habían conseguido desde hacía varios años, la regularización de su situación administrativa, — es decir, obtener una tarjeta de residencia — como trabajadores/as por cuenta propia, pudiendo renovar el primer permiso de un año por otro con los mismos requisitos y las mismas condiciones de cotización.
Con gran sorpresa para las personas afectadas, la Administración competente, o sea, la Oficina de Extranjería de Bilbao, ha cambiado los criterios y nos exige ahora cotizar sobre la base de 800 euros en lugar de los 200 euros anteriores, cantidad que ningún vendedor y vendedora ambulante puede alcanzar teniendo en cuenta la precariedad de su trabajo, y sin olvidar que estas personas luchan para encontrarle una alternativa estable y digna a esta ocupación.
Denuncian que la Administración, mediante esta decisión política, quiere de nuevo, ubicarlas en el agujero de la clandestinidad y de la irregularidad que han sufrido durante muchos años de sus vidas. Muchas de estas personas llevan viviendo en este país más de una década, se han topado con todo tipo de “vallas” y “muros”, empezando por el padrón, el alquiler, la sanidad, la discriminación racial…
Tener papeles es un derecho de todas las personas y no es ningún privilegio. Los papeles les permiten, simplemente, moverse sin miedo con una tarjeta de identidad, buscar trabajo para vivir del sudor de su frente, también protegerse — en cierta medida — de la explotación salvaje que sufren “los/as sin papeles” por culpa de una Ley de Extranjería discriminatoria y racista que les entrega al mundo oscuro de la economía sumergida, sin derechos, sin apoyo legal y sin futuro.
