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Correos y la salud de su plantilla, una realidad sangrante

descargaEl 28 de Abril se celebra el día mundial de la Seguridad y la Salud en el trabajo. La actuación del gobierno del PP ha sido la de un desprecio total y absoluto hacia la salud de las trabajadoras; criminalizando la enfermedad y poniendo en el punto de mira a la trabajadora que está enferma, en lugar de incidir en las causas que hacen que enfermemos.

Mientras asistimos a una actitud benevolente del gobierno frente a dramas como por ejemplo, los que han derivado del uso del amianto, se persigue la enfermedad y se les otorgan a las mutuas atribuciones que nunca deberían haber dejado de ser preceptivas y exclusivas de los servicios públicos de salud. Las trabajadoras enfermas son sospechosas de estar haciendo fraude, y hay que implementar un sistema de vigilancia, persecución y castigo.

Es en este contexto, en el que Correos y Telégrafos S.A. está atentando contra la salud del colectivo de funcionarias, haciendo un uso desproporcionado y deshumanizado del reglamento. En Correos coexiste personal laboral y funcionario y en caso de Incapacidad Temporal, el recorrido es distinto. En el caso del personal funcionario, el parte de baja lo extiende el médico de familia. Simultáneamente, la funcionaria debe solicitar la Licencia por enfermedad al órgano de personal del organismo al que pertenezca, en este caso Correos, y es este órgano el que concede o no la licencia.

Si bien, esta gestión no es más que un mero trámite, ya que la recomendación de baja está expedida por un profesional médico atendiendo a los requisitos que le solicitan, en el caso de Correos, rizando más el rizo, se han creado las herramientas para justificar la denegación de las licencias de baja que ha concedido el médico de familia. Correos ha contratado un servicio médico de control de absentismo, TEBEX, (se publicita como una empresa de gestión y control del mismo), y tan pronto como un funcionario solicita la licencia de baja, se le cita en estos servicios médicos para su valoración. Estos servicios médicos, en ningún momento hacen exploración alguna, sino que elaboran un informe, en el que se refleja el aspecto del paciente, los informes médicos que ha recibido… Y este informe se deriva al Comité Médico Central de Correos.

Este Comité, formado por varios médicos generalistas, que están en Madrid, que no conocen a la paciente, ni le han tratado en ningún momento, tienen la potestad de conceder o no la licencia de baja y/o la confirmación esta. Obviando así la valoración de un profesional de la medicina, que sí está haciendo el seguimiento de la enfermedad.

Este Comité ha denegado licencias de baja a personas a las que su médico se las ha prescrito, al margen de las recomendaciones del profesional que está tratando al enfermo. A partir de aquí, el enfermo tiene que ir obligatoriamente a trabajar, de lo contrario se le abre un expediente disciplinario por ausencia en el puesto de trabajo. El trabajador puede solicitar una nueva valoración de MUFACE (que será realizada por los equipos del EVI del INSS), pero en tanto no se la hacen, tiene que ir a trabajar.

A partir de aquí, y mientras se espera la nueva valoración, las soluciones siempre van en función de la casuística personal de cada quien: Hay quien se coge vacaciones (si tiene), o quien solicita licencia sin sueldo, también hay quien se expone a la apertura de un expediente y una sanción, si no le quedan vacaciones que disfrutar, y hay quien no se puede permitir el lujo de vivir sin cobrar un sueldo, y va a trabajar medicándose y en condiciones deplorables. Y por supuesto, también se da el caso que bien por desconocimiento, o porque no quieren meterse en estos procesos farragosos, ni tan siquiera solicita una nueva evaluación.

En Navarra, en lo que va de año, de 4 casos en los que se ha solicitado una nueva valoración, en 3 el EVI ha dispuesto que esa persona debería haber seguido de baja. En otros lugares del estado, como en Valladolid, una sentencia del T. S. J. De Castilla León, ha fallado que Correos debe reconocer la incapacidad laboral a un compañero, que ya lleva tres años expedientado con supresión de empleo y sueldo. Le denegaron la licencia, no podía ir a trabajar, y le abrieron un expediente. En Segovia, a un compañero que le habían diagnosticado un año antes alzheimer, le denegaron la licencia y tuvo que ir a trabajar. Le daban solo correspondencia ordinaria, y le dejaban solo una calle para repartir; para que “así estuviera ocupado”. Esto fue en el 2011, así es que el tema viene de largo.

Ni son lo primeros, ni son los últimos, ni son los únicos a quienes se ha denegado la licencia de baja injustamente. Y esto lo hace una empresa, con capital del Estado y que en el ejercicio del 2014 declara unos beneficios de 196 millones de euros consolidados.

¿Podemos permitir que esto continúe? Si lo permitimos, ¿cuánto tiempo tardarán en extender esta sangrante realidad al resto de empresas y sectores?.

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