Cuatro trabajador@s y dos asesores sindicales tendrán que ir a juicio once años después de los hechos. Mantienen que la Guardia Civil cargó sin motivo.
Los hechos tuvieron lugar el 20 de julio de 2004, cuando se estaban llevando a cabo negociaciones entre la dirección de la empresa Expert Polymere y el Comité de Empresa de la misma, acompañados por dos asesores sindicales de la CGT, relativas a un ERE de extinción que Experto había presentado.
Durante la reunión entre la dirección y l@s representantes de l@s trabajador@s, los miembros de la plantilla, que ya habían finalizado su turno de trabajo, se encontraban dentro del recinto de la fábrica, en espera a ser informados del resultado de esta reunión. Una vez terminada la misma, el Comité y los asesores informaron a la asamblea de trabajador@s sobre el estado de las negociaciones.
Después de la asamblea, los asesores sindicales marcharon del recinto y se fueron a buscar su coche. En ese momento, y «sin que hubiera provocación previa, tal como consta en el informe de ese día del propio servicio de seguridad de la empresa, se produjo una carga de la Guardia Civil contra los trabajador@s que aún se encontraban allí reunidos y dentro del recinto de la fábrica », según los mismos encausados. La intervención policial resultó en lesiones a tres de los trabajadores que se encontraban allí presentes, los cuales tuvieron que ser evacuados en ambulancia y ser atendidos en el CAP de El Vendrell.
Al pasar los asesores con el coche frente a la puerta del recinto y observar lo que estaba pasando, se detuvieron y salieron del vehículo para hacer de intermediarios con la policía, pero uno de ellos terminó siendo agredido y detenido. Por este motivo se presentaron denuncias por lesiones contra la Guardia Civil a los Juzgados de El Vendrell, en las que constaba como testigo el resto de la plantilla que se encontraba en la asamblea .Posteriormente, y como reacción, la Guardia Civil presentó una denuncia contra los denunciantes y también contra los testigos.
Cuatro trabajador@s de la antigua empresa Expert Polymere de L’Arboç y dos asesores sindicales han sido citados a declarar en el Juzgado Penal número 2 de Tarragona el próximo 9 de julio. Todos están encausados a raíz de los hechos ocurridos durante la tramitación del ERE por cierre de dicha empresa, ya hace once años. La Fiscalía les reclama penas de entre tres años y dos meses y cuatro años y seis meses de prisión, así como multas en torno a los 3.000 euros, por los supuestos delitos de atentado contra la autoridad y contra el derecho al trabajo.
Los encausados lamentan que la dilación del proceso ha hecho que su situación personal y familiar haya cambiado mucho a lo largo de estos once años. Vanessa, de 37 años, es actualmente madre de dos hijos, de 5 y 9 años. Sandra, de 37 años, es madre de dos hijos, de 8 y 6 años. Yolanda, de 37 años, es madre de dos hijos, de 7 y 12 años. Juan, de 37 años, es padre de una niña de 7 años. Pedro, de 66 años, está jubilado y es padre de dos hijos de 21 y 27 años. Y Juan Antonio, de 67 años, también está jubilado, y tiene 2 hijos y 4 nietos.
Todo ello ha supuesto un «duro golpe» a sus vidas y la de sus familias, que se han visto «drásticamente alteradas por los delitos de los que injustamente se nos acusa, con las consecuencias a nivel psicológico y emocional que conlleva la perspectiva de una posible pena de prisión ». Y todo ello «por el simple hecho de haber intentado defender nuestros puestos de trabajo y de haber sufrido una agresión policial». Por ello quieren dar a conocer a la opinión pública «esta grave e injusta situación, y hacer un llamamiento a la ciudadanía, las diferentes fuerzas políticas, sindicales y sociales a apoyar a nuestra absolución».
