Organizada por la Plataforma Contra la Criminalización Social y actuando como ponente Carlos Hernández (Salhaketa), se informó de que la Ley de Seguridad Ciudadana había sido aprobada el jueves en el Senado, con los únicos votos del Partido Popular, siendo este el penúltimo paso antes de su aprobación definitiva, prevista para el día 26 de Marzo, en el Congreso de los Diputados, y entrará en vigor para el 1 de julio.
Además, la aprobación de esta norma en la Cámara Alta se produce un día después de la votación y aprobación de la reforma del Código Penal. Tanto la “Ley Mordaza” como la reforma del Código Penal cuentan con el rechazo en bloque de la oposición, los movimientos sociales y los organismos internacionales”. De hecho, en los últimos meses cinco relatores de la ONU han pedido al Gobierno la retirada de estas normas por “atentar contra los derechos fundamentales”.
Se definió como uno de los objetivos de estas leyes el de criminalizar la protesta. Esta Ley introduce, con la excusa de proteger la seguridad ciudadana, un mecanismo para que el Gobierno utilice de manera arbitraria las multas administrativas, con el fin de castigar aquellas opiniones y actos que al poder político y económico le parezcan inadecuadas, incorrectas, inaceptables o peligrosas, aunque esas opiniones no sean constitutivas de delito.
Se identifica a quienes protestan y a posteriori se les envía una multa. Las multas deberán ser primero pagadas tras recibir la pertinente notificación. La mera palabra del policía será suficiente como prueba de cargo, será Juez y parte. No debemos interpretar todos estos cambios como un mero endurecimiento más sino como un cambio cualitativo.
Además en la reforma del Código Penal, se amplía la relación de delitos que apuntan a los repertorios de lucha utilizados por los movimientos sociales en los últimos años: la paralización de desahucios, la ocupación de sucursales bancarias, las sentadas, la difusión de convocatorias por redes sociales, la solidaridad con las personas migrantes , etc. Estas acciones podrán ser definidas como atentados contra la autoridad.
Si se quiere recurrir la sanción a posteriori en un juzgado habrá que pagar las nuevas tarifas de la Ley de Tasas Judiciales. Se obstaculiza de esta forma la apelación a la justicia por lo que estamos en una situación “muy cercana” a la indefensión y la arbitrariedad.
Diferentes Organizaciones Sociales en Bizkaia se han constituido en plataforma y están llevando una campaña de información y sensibilización que culminará con una manifestación, sábado 28 de marzo que partirá las 17:30 h. de la plaza Arriaga de Bilbao.
