La “ley mordaza”: una ley para criminalizar la protesta
El Pleno del Congreso ha aprobado la restrictiva Ley de Seguridad Ciudadana “‘Ley Mordaza”, que ahora pasa al Senado para su aprobación definitiva, con la oposición de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP. Esta ley trata de criminalizar la protesta, ante las actuaciones que desde el pueblo se han llevado a cabo para proteger los derechos y libertades de las personas
Dentro de las numerosas medidas que presenta la ley se encuentra la legalización de las “devoluciones en caliente” de las personas inmigrantes, que vulnera los derechos humanos contenidos en numerosas directivas internacionales.
Esta ley supone un endurecimiento de la ley de Seguridad Ciudadana aprobada en el año 1992, una ley que desde un centenar de colectivos sociales e incluso desde la Unión Europea ha sido señalada por su carácter restrictivo de los derechos de reunión y libertad de expresión.
Algunas de estas conductas se encontraban hasta ahora tipificadas como falta en el Código Penal. Tratadas como faltas, comportaban un juicio previo, unos plazos de prescripción más cortos y una sanción económica mucho más leve que las infracciones administrativas ahora tipificadas por la Ley Mordaza.
Con este cambio de jurisdicción, el poder político sanciona directamente por la vía administrativa, un procedimiento que será mucho más rápido, directo y nos dejará más indefensos ante sus actuaciones. Al mismo tiempo dificulta las medidas de defensa y de impugnar las multas. Hay que recordar que el incremento de las tasas judiciales solo permite el acceso a la justicia a las clases altas. Además se decreta la creación de un registro central de infracciones para penalizar la reincidencia.
La ley Mordaza decreta como muy graves, con multas de 30.000 a 600.000 euros, las manifestaciones y reuniones no comunicadas que se realicen en instalaciones de tránsito restringido, como el Parlamento o que prestan servicios básicos para la comunidad, como pueden ser las concentraciones ante hospitales para la defensa de la sanidad pública, escuelas y edificios públicos. Se prohíbe el uso de video-cámaras que no respeten la intimidad de las autoridades y la policía y contempla la detención de las personas que a criterio del ministerio del interior creen alarma social.
Se tipifican como infracción grave, con multas de 601 a 30.000 euros, la negativa a disolver una manifestación, actos de obstrucción, que pretendan impedir el cumplimiento de resoluciones judiciales como los desahucios, la perturbación de actos públicos y religiosos, el uso de imágenes de las fuerzas de seguridad del Estado, la intrusión en estructuras e instalaciones donde se perturbe la actividad económica, el consumo y la tenencia de drogas y alcohol en la vía pública, como por ejemplo el botellón.
Se consideran faltas leves con multas de 100 a 600 euros, la falta de respeto a la fuerzas de seguridad del Estado, la ocupación de cualquier inmueble ajeno, escalar monumentos sin autorización, el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de una manifestación, reunión o acto público, las pérdida del DNI sin haberlo comunicado, entre otras.
La única solución que tenemos es impedir que esta ley sea finalmente una realidad. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía a la resistencia y a la lucha, para que en la calle y en los centros de trabajo desborden esta ley y hagan impracticable su aplicación.
