El Impuesto sobre Sociedades ha caído un 58,2% entre 2007 y 2014, lo que supone un recorte de ingresos de 173.370 millones de euros desde el inicio de la crisis económica, según datos del colectivo de técnicos de Hacienda (Gestha). Esta caída de la recaudación se debe fundamentalmente a la evasión, el fraude y las mayores posibilidades que tienen las grandes empresas para reducir su factura fiscal, aprovechando los “huecos” que deja la normativa.
Una normativa amañada en beneficio de los ricos y de las grandes empresas que pueden contratar a un ejército de contables y abogados para evitar pagar la cifra en impuestos que determina la legislación. Un legislación fiscal hecha a la medida de las grandes empresas, donde las empresas de asesoramiento fiscal ayudan a redactar y luego asesoran a sus clientes para que puedan eludirlas. Las grandes empresas hacen toda clase de filigranas y usan medios tremendamente elaborados para evitar el pago de impuestos.
Por ejemplo el actual ministro de hacienda Cristóbal Montoro en el año 2006, creó una sociedad limitada dedicada al “asesoramiento integral y estratégico a personas físicas y jurídicas”. En el 2008 vende su participación y queda al frente Ricardo Martínez Rico, que había sido secretario de Estado de Hacienda durante la última etapa de Aznar. En el cuerpo directivo de esta empresa figuran Exsecretarios de Estado, jefes de Gabinete, directores y subdirectores generales de Hacienda.
El ministro Montoro entre 2000 y 2004 fue ministro de Hacienda en el gobierno de Aznar, y ha sido miembro del Parlamento Europeo y de la Comisión de asuntos Económicos y Monetarios; llevó adelante la política del “pacto de progreso”, que debía incluir, además de la moderación salarial, una revisión completa de la política económica (fiscal y de rentas), la actuación sin demora en materia de infraestructura, la liberalización de sectores y mercados básicos (laboral, energético y financiero), así como la privatización de servicios y empresas públicas.
El ejemplo anterior demuestra la implicación cada vez mayor de los intereses privados en el centro mismo de la maquinaria estatal y contribuye a alterar el equilibrio de poder y de riqueza todavía más en beneficio de los más ricos, en unos momentos en que la inversión pública afronta unos recortes salvajes en los servicios públicos.
