Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Los canales son como una especie de grupo en el que un solo miembro transmite mensajes. En pocas palabras la diferencia más notoria es que en los canales no podrás interactuar como en los grupos. Solo podrás ver lo que envían los administradores por lo que un canal de Telegram funciona como un portal informativo (aunque es posible anclar mensajes y conversar en ellos).
El impacto negativo que las mutuas tienen en la salud y los derechos de las personas trabajadoras, especialmente en un contexto de alarmante aumento de la siniestralidad en nuestra comunidad. Para darlo a conocer, hemos publicado un cómic en el que se denuncia la privatización de la sanidad a través de ellas, y creemos que es el momento de exigir que los centros, personal y recursos de las mismas, pasen a formar parte del Sistema Sanitario Público de Navarra.
Mujeres, muchas de ellas de origen extranjero, las que han ocupado esos huecos de manera formal y en muchos casos informal, como ya lo hicieron las autóctonas en otros tiempos. La falta de servicios sociales que atiendan determinadas situaciones como la dependencia, el cambio de las estructuras de los hogares, el aumento de familias reestructuradas, monoparentales, la ausencia de redes de apoyo familiares, la reducción en tamaño de las familias, la dispersión geográfica de las mismas, la falta de políticas de corresponsabilidad que permitan la conciliación de la vida laboral y personal, los modelos productivos, etc., hacen que el trabajo en el hogar, tanto las tareas domésticas como las de cuidado, tengan que ser cubiertos con personas que desempeñan un trabajo que merece tener los mismos derechos que el resto, dejan‐ do de ser una relación especial para ser una relación laboral común.
Puedes sufrir una lesión en la espalda, hombro o cualquier otra parte del cuerpo, por un sobreesfuerzo o un mal gesto que te impida seguir trabajando y la mutua o servicio médico de la empresa, tener la jeta de decirte: que te lo has hecho por la práctica de un deporte, que la lesión que tienes no te la ha provocado el trabajo que estabas realizando sino que es de tu vida privada, que es una enfermedad degenerativa , o cualquier otro argumento para decirte finalmente que, no pueden tratarte esa dolencia y que ha que ser tu médico de cabecera quien te lo mire y te de la baja.
No es hora de tantas horas extras, es hora de repartir el trabajo. Apostamos por trabajar menos todas y todos, para recuperar horas para desarrollarnos como personas, para dejar de ser la única especie del planeta que emplea más de un tercio del día para el supuesto sustento.
La cultura del «trabajo duro» nos significa desarrollo personal. Es un falso mito con el que se precariza, con el que se chantajea usando el miedo al despido con la exclusión como axioma de la «nueva teoría económica avanzada».
Exigimos que se cumpla ya la moción aprobada por el Parlamento Navarro que insta a promover mecanismo de reparto del trabajo como en las economías nórdicas que arrojan unos índices de alta productividad y bajo absentismo.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo por algunas de las afirmaciones realizadas por el Rey en su mensaje de Navidad, al entender que “podrían atacar a los derechos de las familias de los 114.226 desaparecidos de la dictadura franquista”.
También parte del arco político, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y plataformas de víctimas del franquismo han criticado duramente sus palabras, en muchos casos con comunicados o declaraciones de repudio.
En el Caso de la ARMH ha cursado el siguiente reclamo: “Solicitamos a la Defensora del Pueblo que intervenga para señalar los límites de interpretación política del monarca y que en ningún caso sus intervenciones puedan contradecir la protección de los derechos humanos”, destacan en un comunicado, donde entienden que “es grave e inhumano negar a las familias de los desaparecidos de la dictadura franquista la posibilidad de dar sepultura digna a un ser querido”.
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Rueda de prensa de la Confederación General del Trabajo (CGT) donde se presenta una campaña en defensa de lo público con la que pretende destacar la importancia de aquellos servicios imprescindibles para todos los seres humanos en nuestra sociedad.
El próximo 26 de diciembre los servicios sociales previstos en el catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, detallados en el Artículo 22 (1) de la la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, tendrán la condición de derecho subjetivo, por lo que se garantiza el acceso a los mismos, como un derecho universal y subjetivo cuyo cumplimiento se podrán reclamar, en vía administrativa y jurisdiccional.
Según un informe realizado por el Defensor del Pueblo, se llegan a las siguientes valoraciones y recomendaciones:
Valoración general de la situación y principales dificultades.
Información insuficiente de sevicios y prestaciones. División de opiniones respecto al grado de asunción por parte de los ayuntamientos vascos de las funciones asignadas por la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de servicios sociales. Diferencias interterritoriales muy significativas, que se traducen en un acceso desigual a los derechos sociales: cobertura y estructura de la oferta de plazas residenciales y no residenciales, ratios de atención de los servicios sociales de base, cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio y de las Ayudas de Emergencia Social, gasto público municipal, patrones de financiación de los servicios sociales municipales
Convocada por la Coordinadora Estatal en Defensa del sistema público de pensiones, en varias ciudades del estado se han celebrado manifestaciones y concentraciones en denuncia del recorte de las pensiones. En un día donde el gobierno ha rechazado subir las pensiones en el 2017 en más del 0,25%, lo que mermará el poder adquisitivo de los jubilados en este año el 0,45% y si la inflación sigue al alza en el entorno al 2%, “en los próximos diez años se perderá un poder adquisitivo que ronda del 14% al 28%”.
Además el Gobierno se muestra insaciable cuando se trata de la hucha de las pensiones. Si hace unos días realizaba la mayor retirada de 9.500 millones para afrontar la paga ordinaria y la extraordinaria de los pensionistas, hoy se ha hecho público que la Tesorería General de la Seguridad Social ha dispuesto de otros 936 millones de euros para hacer frente a la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a las pagas ordinaria y extraordinaria de las pensiones de diciembre.
Los crímenes de empresa o lesiones por la actividad laboral, se describen en un lenguaje anestésico como «accidentes laborales«. Uno de los problemas que surgen al hablar de los crímenes corporativos es que casi nunca se nos invita a pensar en las actividades criminales de las corporaciones o las empresas como verdaderos crímenes.
Así frías estadísticas nos informan, que en lo que llevamos de este año 53 personas han perdido la vida en «accidentes laborales»: 3, en Araba, 29, en Bizkaia, 13, en Nafarroa y 8, en Gipuzkoa.
Rara vez ocurre que los accidentes laborales sean simples «accidentes», pues sus causas suelen ser: la presión ejercida por los mandos de la empresa sobre los empleados por las restricciones horarias o de recursos, el mal diseño o mantenimiento precario de los equipos, la ausencia o falta de solidez de las medidas básicas de seguridad o la precaria situación y baja cualificación del trabajo.
Defender el “Sistema Público de Pensiones” es incompatible con una práctica sindical que abandera y presenta como un logro la extensión y promoción de “fondos de pensión privados” tanto de empresa como individuales. Si en el sector privado este proceder sindical de los sindicatos mayoritarios, es muy discutible, en el sector público es directamente inaceptable.
En la comunidad autónoma Vasca ELA, LAB, CC.OO. y UGT participan en las EPSV públicas Itzarri y Elkarkidetza y en El Fondo de Pensiones de la Administración del Estado está gestionado por una empresa participada en el 70% por el BBVA y en el 30% por los sindicatos CCOO y UGT” (El País 12.10.2005).
Tras el éxito de la convocatoria del 28 de noviembre de 2016, CGT va a convocar una nueva huelga de un día completo en el sector del Contact Center (más conocido como Telemarketing) para el próximo 26 de enero de 2017.
Los trámites de esta convocatoria han empezado hoy mismo con la petición de mediación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). De momento a esta nueva jornada de huelga no se han sumado en esta ocasión ni CCOO ni UGT en un cambio de estrategia injustificado a juicio de la Confederación General del Trabajo
Toda persona tiene derecho a salir de su país, derecho a entrar en otro cualquiera y derecho incluso a quedarse donde quiera y no regresar nunca al país de donde saliera.
Miles de muerto y desaparecidos, un continuo horror, tragedia tras tragedia y mientras las políticas de migración que la Unión Europea lleva adelante no importan las vidas humanas en juego. A Europa no le preocupa la cantidad de muertes. Que mueran pero lejos, es la consigna.
En Occidente se habla del derecho a la “libre circulación de personas” en general como un derecho natural, que sería el derecho a abandonar un territorio y el derecho a entrar en otro. Se considera que los occidentales tienen derecho a andar por cualquier país del mundo como turistas, como empresarios o como Pedro por su casa. Curiosamente, esos países niegan el derecho a entrar en Occidente a los habitantes del resto del mundo.
CGT no ha participado en la instrumentalización de la lucha obrera por parte de sindicatos del régimen
La Confederación General del Trabajo ha vuelto a desmarcarse públicamente de las movilizaciones convocadas para los días 15 y 18 de diciembre por los sindicatos mayoritarios, cuyo único objetivo es lograr una mejor posición en ese “pacto social” que pretenden negociar con los responsables de arrebatar derechos fundamentales a miles de personas.
CGT piensa que hay que salir a la calle con voluntad de quebrar las políticas del sistema y de sus representantes políticos y empresariales, ejerciendo la desobediencia en todos y cada uno de los espacios donde éstas se materializan.
Porque no solo están afectados las personas pensionistas sino que el recorte de las pensiones amenaza a las futuras generaciones de pensionistas.
Así, en el 2019 se aplicará el factor de sostenibilidad (la patronal está presionando para que se aplique ya) y se añadirán dos nuevas variables al calcular la pensión a las ya existentes. En primer lugar, la esperanza de vida en dicho momento y en segundo lugar la evolución de los ingresos y gastos de las arcas públicas, por lo que solamente subirán las pensiones si aumentan los ingresos del sistema por encima de la tasa de crecimiento del número de pensiones, esto va a suponer una reducción del 15% al 25% del cálculo que actualmente se realiza.
La privatización de las pensiones se ha convertido en uno de los objetivos más importantes de la política neoliberal de las instituciones internacionales (Banco Mundial, FMI, OCDE) y ha sido ampliamente asumida por los gobiernos de la mayoría de los países ricos, independientemente de su color político.
Nos bombardean mediáticamente por radio, prensa, televisión, asegurando que las “pensiones están en crisis”, debido al envejecimiento de la población y que para asegurar la vejez hay que recurrir a los bancos y establecer un plan privado. Es muy “curioso” tanta preocupación por la viabilidad de las pensiones públicas y que no se mencione la enorme inestabilidad de las pensiones privadas.
Nos dicen que “las pensiones están en crisis” debido al envejecimiento de la población y que para asegurar la vejez hay que recurrir a los bancos y establecer un plan privado. Nos dicen que el sistema público de pensiones está en bancarrota y que hay que modernizar el sistema para que deje de ser inviable.
Pero el acoso y derribo de las pensiones se empezó a fraguar en primer lugar con la Ley 27/2011 de Zapatero, y con la Ley 23/2013 del PP y por la descapitalización de la Seguridad Social, donde el PP, para hacer frente al pago de las pensiones, ha tirado del Fondo de Reserva (La llamada “hucha” de las pensiones ha pasado de 66.815 millones de €. en 2011 a 15.915 millones en 2016) mediante una estrategia de desmantelamiento consistente en:
Las reformas establecidas por los gobiernos de Zapatero y posteriormente por el gobierno del PP en 2013, han establecido entre otras cosas lo siguiente: • La jubilación pasa de forma progresiva de 65 a 67 años. • El tiempo de cotización para calcular la pensión pasa de 15 a 25 años. • Aumento de la edad para la Jubilación anticipada, de los años cotizados, y de los coeficientes reductores. • El subsidio de mayores de 52 años pasa a 55, y las rentas familiares no pueden superar el 75% del SMI por cada miembro. • Incremento de la edad de jubilación en caso de contrato de relevo, con nuevas penalizaciones para su acceso. • Incremento de las pensiones en un 0.25% en lugar del IPC. • Aplicación del Factor de Sostenibilidad en 2019, que tendrá en cuenta la esperanza de vida para calcular la pensión.
Acabamos de conocer la resolución de la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid sobre los incumplimientos de la Cruz Roja en materia de Igualdad.