Lo previsto a partir de ahora es que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a la vista de las recomendaciones ratificadas en el Congreso, inicie un proceso de negociación con los denominados agentes sociales, es decir, las organizaciones empresariales y los sindicatos institucionales UGT y CCOO, y desde ahí plantear una nueva ley de reforma del sistema público de pensiones.
Estamos ante un proceso aparentemente idílico, aseado, pulcro, genuinamente democrático… claro, obviamente, regido bajo los parámetros del concepto de democracia representativa, desde los parámetros que interesan a este modelo de democracia (que no es participativa como vamos a demostrar).
La democracia parlamentaria y representativa desarrolla toda una estructura institucional que la aleja de la realidad pero que garantiza el funcionamiento del sistema basado en privilegios, castas, clases sociales, decisiones adoptadas desde arriba, perjuicios para la mayoría de la población…
Pero a ¿qué nos estamos refiriendo?, ¿de qué estamos hablando? Si analizamos la movilización social y reivindicaciones que, desde hace unos años, viene desplegando el movimiento de pensionistas y la nula capacidad de interlocución que le ha reconocido el Pacto de Toledo, el Congreso de los Diputados, el Gobierno, el Ministerio del ramo, los agestes sociales… podemos ejemplificar con claridad y entrever lo que el engranaje e instituciones del sistema entienden por democracia, por justicia social, por satisfacción de las necesidades de las personas, por la implicación real de la población… elementos todos ellos ajenos a la verdadera participación democrática.
El movimiento de pensionistas aglutina a centenares de asambleas, plataformas, coordinadoras en numerosísimas ciudades de nuestro país. Ha sido capaz de organizar y seguir desarrollando potentes acciones, marchas, manifestaciones mayoritarias que ninguno de esos agentes sociales, que ahora van a decidir sobre el futuro de las pensiones, son capaces de imitar. El movimiento de pensionistas ha conseguido poner sobre la mesa del debate público las reivindicaciones básicas de casi 10 millones de personas que, en nuestro país, han llegado a adquirir la condición de pensionistas.
Este movimiento de pensionistas, organizado desde abajo, con métodos asamblearios para la participación y toma de decisiones, métodos que recuerdan lo libertario, ha mostrado cómo la sociedad civil puede o debe autoorganizarse y plasmar una tabla de reivindicaciones consensuadas que responde realmente a las necesidades de las personas y no a la de los mercados, los grandes fondos de inversión, el capital en suma.
Además, el movimiento de pensionistas ha trascendido el ámbito de las reivindicaciones concretas superando el famoso qué hay de lo mío, para plantear la contextualización de la defensa de las pensiones públicas en el marco de la defensa de los servicios públicos, en el marco de los derechos de una clase trabajadora que aspira a una sociedad mucho más igualitaria y justa.
Sin embargo, este gobierno de izquierdas, como le gusta calificarse, juega a lo mismo que cualquier otro gobierno, es decir, no escucha lo que sucede en la calle, no es capaz de mantener una interlocución válida con los movimientos sociales, en este caso el movimiento de pensionistas, y se limita nuevamente a las estrictas normas y formalidades de la democracia parlamentaria en las que la toma de decisiones, en las que el ejercicio del poder, cambia de rostros, pero no de políticas.
¿Por qué, quiénes son UGT y CCOO, a quién representan para negociar en nombre del movimiento de pensionistas y de la totalidad de la clase trabajadora? ¿Qué concepto de democracia manejan las y los políticos que cuando salen elegidos consideran que se les ha entregado un cheque en blanco para decidir sin contar con nadie, incluso sin respetar su propio programa electoral? ¿Por qué el sistema es incapaz de reconocer como interlocutor al movimiento de pensionistas? ¿Por qué su inflexibilidad? ¿Con qué derecho se sienten ungidos para considerarse que son los únicos con capacidad de interlocución, interpretación, representación de todo?
Como decimos, el movimiento de pensionistas no ha sido escuchado en sus reivindicaciones, no se le reconoce su capacidad de representación ante las y los políticos y el engranaje institucional del sistema. ¿De qué tiene miedo esta democracia formal, poco inclusiva?
La pregunta es ¿a quién representan estos parlamentarios/as del Congreso que han aprobado las recomendaciones del Pacto de Toledo y que son mayoritariamente rechazadas por el movimiento de pensionistas porque no responden a sus reivindicaciones básicas? Este es el truco de la democracia. Al final, la democracia representativa es, como decía el viejo lema del despotismo ilustrado del XVIII, Todo para el pueblo pero sin el pueblo. Hemos avanzado poco, lamentablemente. La democracia parlamentaria se convierte así en la triquiñuela legal que utiliza el poder para lograr sus objetivos espurios.
Si analizamos los contenidos de las recomendaciones aprobadas del Pacto de Toledo, descubrimos que las reivindicaciones básicas del movimiento de pensionistas siguen sin respuestas satisfactorias, con lo que la lucha y movilización en la calle deben continuar con más fuerza si cabe. A saber:
– Pensión mínima de 1.084 €/mes y 14 pagas al año como señala la Carta Social Europea
– Revalorización de la pensión según el IPC real y recuperación de lo perdido en los últimos años como consecuencia de los recortes
– Acabar con el 37% de brecha de género
– Equiparación de las empleadas de hogar con el régimen general de Seguridad Social
– 100% de la base reguladora para las pensiones de viudedad y mantener su carácter contributivo
– Reducir la edad de jubilación en lugar de ampliarla y garantizar la jubilación anticipada al 100% con 40 años cotizados
– Derogar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada. El paro de larga duración en personas de mediana edad no puede penalizarse
– No a los planes privados de empresa ni al fomento de planes privados de pensiones incentivados con fondos públicos
– Sin salarios no hay pensiones. Exigimos salario mínimo de 1200 euros conforme indica la Carta Social Europea para erradicar la pobreza
– Derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 ya que producen extrema precariedad en la contratación y recorte de derechos laborales
– Derogación de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 para acabar con su plan de sostenibilidad por el que se disminuye la pensión según la esperanza de vida; se amplía el cómputo de 15 a 25 años para calcular la pensión y se pretende alargar la vida laboral
– No a incentivar la prolongación de la edad de jubilación cuando en España hay un 42% de paro juvenil y 300.000 jóvenes que han tenido que emigrar
Sin movilización no hay futuro para las pensiones públicas y dignas. Y la movilización, gobierne quien gobierne, debe ser unitaria integrando a toda la población, mayores y jóvenes, hombres y mujeres, trabajadoras, estudiantes, paradas… para defender el sistema público del enorme ataque privatizador que se avecina con la próxima reforma.
El movimiento de pensionistas ha venido para quedarse y lo va a hacer de la mano de las grandes luchas que nos quedan por seguir librando como la lucha por la defensa de lo público, el feminismo, ecologismo, pandemia, crisis climática y luchas sindicales.
Políticos y políticas de la izquierda, no hagáis bueno, una vez más, el referente de que las reformas reaccionarias contra la clase trabajadora siempre las acomete la izquierda. No nos sigáis engañando y defraudando. Las pensiones públicas son un derecho y responden a la lógica de la solidaridad. No paséis a la historia como la izquierda que privatizó las pensiones y eliminó ese derecho.
*Jacinto Ceacero ex-secretario general de CGT
https://www.elsaltodiario.com/alkimia/pensiones-y-democracia
