En este año de pandemia mundial, insistimos en el derecho que tienen todas las personas a migrar; así como el deber de los Estados a proteger y a NO criminalizar a las personas migrantes, por el hecho de abandonar sus países de origen buscando un futuro mejor. Un año más queda de manifiesto la ausencia de vías reales, legales y seguras, donde alrededor de 600 personas han fallecido o desaparecido en aguas del Atlántico en la reactivación de la ruta migratoria que une las costas de África Occidental con las Islas Canarias.
Este año, el desarrollo humano va a retroceder, dada la situación mundial. Por lo que se va a agravar la situación que sufren muchas personas y pueblos, obligándoles a migrar: hambre, guerra, desplazamientos, amenazas, marginación, desastres naturales, pérdida de tierras, etc. Consideramos que la Unión Europea (UE) y el Estado español son responsables directos del saqueo, la explotación y la esclavitud de pueblos que están sometidos a la crueldad de las guerras y las crisis económicas y alimentarias que obligan a salir del país de origen a numerosas personas.
En el Día Internacional del Migrante, queremos también denunciar la permanencia indefinida y obligada de las personas migrantes que intentan llegar a Europa en campamentos o territorios periféricos de la UE. Lo hemos visto en Lesbos, en Samos, en Lampedusa, y también en Canarias y Ceuta y Melilla. Esta práctica, planteada como elemento disuasorio en la política migratoria europea, consideramos que no aporta nada positivo en términos de respeto a la dignidad e integridad de las personas; tampoco lo aporta en la situación de los territorios que deben asumir ese impacto ni en los procesos de integración y cohesión social.
EXIGIMOS
- El estricto cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 13 proclama explícitamente el derecho a la libre circulación de las personas.
- La ratificación de la Convención para los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, respetando la Recomendación sobre las Trabajadoras y del Hogar y los Cuidados.
- La ratificación del Convenio 189 sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras del Hogar anunciada por el Gobierno. Una equiparación plena de derechos laborales y protección social para las trabajadoras del hogar y de cuidados.
- La derogación de la Ley de Extranjería junto al reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Regularización YA.
- La garantía del derecho de asilo en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, incluyendo el respeto del Principio de No Devolución, y todas las obligaciones derivadas de la Convención de Ginebra y el Protocolo de Nueva York. Ampliar el término de refugiado, hasta abarcar la “persecución por orientación sexual e identidad género”.
- Vías legales y seguras para toda persona solicitante de asilo, visados humanitarios, mecanismos para solicitar asilo en las fronteras, embajadas y consulados. Una política de puertos abiertos, rescate marítimo y acogida digna.
- La derogación inmediata, urgente y sin condiciones de la ‘Directiva de la Vergüenza’ o de Retorno y el fin de la externalización de las fronteras, como la practicada en Marruecos, Turquía o Libia.
- La retirada inmediata de las cuchillas en las vallas de Ceuta y Melilla.
- El cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de trata, protegiendo a las víctimas y desarticulando los entramados que la posibilitan. El cumplimiento de los convenios internacionales referentes a la protección de las y los menores.
- La derogación de la Ley Mordaza.
- El cese de las redadas racistas y de la estigmatización de las personas extranjeras.
- El fin de los vuelos de deportación y el cierre incondicional de todos los CIEs.
