Porque las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas por el Congreso no garantizan unas pensiones públicas, universales y dignas.
El sistema público de Pensiones, siempre ha sido sostenible y durante años se han desviado cotizaciones sociales para financiar políticas de Estado.
El sistema público de pensiones está siendo quebrado de forma premeditada y metódica, por las reformas del 2011 como las de 2013, que no se derogan en estas recomendaciones y amenaza a las futuras generaciones de pensionistas.
Es necesario blindar en la Constitución el modelo de revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real, si bien se garantiza para el próxima año la subida del IPC previsto a todas las pensiones incluidas las mínimas se mantiene para los próximos años (si no se deroga) el índice de revalorización del 0,25%
Hay que conseguir una pensión mínima de 1080 euros y acabar con las PENSIONES DE HAMBRE y en especial la situación de la mujer, con pensiones medias inferiores en un 37% en comparación con la de los hombres.
El sistema público de pensiones tiene en cuenta una multitud de riesgos como la enfermedad, la invalidez, la seguridad de los conyugues supervivientes, etc,. Esto supone la solidaridad social, frente la desigualdad material, la desigualdad física y la protección de las personas más vulnerables.
Además constituye una de las principales piezas de la política social y es la partida principal del gasto público en bienestar social y afecta a más de 9 millones de personas. Las pensiones son una renta familiar y sirve de ayuda a familiares en paro, como lo que está ocurriendo actualmente con la pandemia del covid-19.
Porque se plantea restringir y penalizar económicamente el acceso a la jubilación anticipada para retrasarla, acabar con el derecho adquirido a la jubilación voluntaria y el contrato relevo, perjudicando el acceso a la juventud a puestos de trabajo fijos y de calidad.
No se desarrolla el Real Decreto 1698/2011 de 18 de noviembre, aprobado por el gobierno de Zapatero, sobre COEFICIENTES REDUCTORES de la edad de jubilación , para personas en puestos de trabajo con un alto índice de penosidad, toxicidad, peligrosidad y mortalidad.
La desgravación fiscal a las aportaciones a los Planes Privados de Pensiones y de empleo (EPSVs), restan ingresos al sistema público, son un estupendo negocio para las entidades bancarias y aseguradoras, que las gestionan con altas comisiones, así como a los sindicatos que participan en los órganos de gobierno (ELA, LAB, CCOO y UGT). Son un atentado al sistema público porque se introducen como un pilar de sistema de la SS, porque pretenden justificar la rebaja de las prestaciones. Y solamente son accesibles para las personas que tienen rentas altas.
Se recomienda completar el proceso de modernización de las MUTUAS colaboradoras con la Seguridad Social, pretendiendo modificar la Ley General de la Seguridad Social para blindar su “plena autonomía organizativa y de gestión“, aumentar su financiación, posibilitando la contratación de médicos públicos y el acaparamiento del conjunto de la atención sanitaria de l@s trabajador@s en activo, profundizando la dualización y privatización del sistema, y abandonar a las personas no productivas en una sanidad pública precarizada.
Hay que acabar con la política de derribo del sistema que genera artificialmente el déficit de la Seguridad Social, debido a las multimillonarias bonificaciones que reciben los empresarios, y contra la caída en picado de las cotizaciones por la contratación basura y pésima calidad del empleo, como consecuencia de las reformas laborales.
La capacidad de financiar las pensiones depende de la producción de riqueza y su distribución. El sistema público de pensiones (sistema de reparto) hoy es perfectamente posible. Solo hace falta voluntad política. Si no se llega con las cotizaciones de las personas activas, las pensiones deben financiarse como los demás gastos sociales, es decir con impuestos y a cargo de los presupuestos generales.
Tras la aprobación en el Congreso de estas recomendaciones, la reforma de las pensiones va a depender de los cambios legislativos que se aprueben a partir de ahora. Por eso lo importante es seguir luchando, tanto las personas jubiladas como las trabajadoras, ya que van a ser estas últimas las más directamente afectadas con esta nueva reforma. Es necesario conseguir un Sistema Público de Pensiones que garantice unas pensiones públicas, universales y dignas.
Convocatorias
Bilbao: 12:00 h. Plaza Moyua
Donostia: 12:00 h. Alderdi Eder
Gasteiz: 12:00 desde el ARTIUM
Además de las anteriores ciudades se realizarán manifestaciones y concentraciones en los siguientes pueblos a las 12:00 h. de Bizkaia: Barakaldo, Sestao, Portugalete, Trapagarán, Balmaseda, Sodupe, Ondarrua, Gernika, Galdakao, Durango, Amorebierta, Elorro y Munguia.
