El Movimiento de Pensionistas de Hego Euskal Herria demandan a los partidos Políticos que la reforma de pensiones que se va a debatir en el Congreso, garantice el Sistema Público de Pensiones y pensiones públicas dignas, tal como desde hace tres años de movilizaciones reclaman con sus reivindicaciones.
Consideran que gracias a sus movilizaciones están consiguiendo reivindicaciones como la revalorización de las pensiones, pero la mayor parte de sus demandas no se han tenido en cuenta en las Recomendaciones del Pacto de Toledo. Lo conseguido es claramente insuficiente, por las indefiniciones que contiene, por las cuestiones que silencia, y porque consolida el actual deterioro de las prestaciones, y propone empeorarlas en el futuro.
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Es cierto que se reconoce que el Sistema de Pensiones siempre ha sido sostenible; que durante años se han utilizado cotizaciones sociales para financiar políticas del Estado; que sean han generado alarmas infundadas y falsas justificaciones para realizar reformas como la del 2011 y 2013 que reducen las pensiones y desestabilizan el Sistema Público. Este reconocimiento les parece positivo.
Nos parece positivo, acabar con el déficit financiero de la SS, y con la política de préstamos, cuestión que tiene que ser efectiva en los presupuestos del próximo año, y concretar la deuda histórica que el Estado tiene con la SS. Sin embargo, es inaceptable pretender que “el saqueo” de las cotizaciones y del propio Fondo de Reserva, quede solo en un estudio clarificador sin establecer un compromiso de devolución.
Es alarmante la falta de iniciativas concretas para aumentar los ingresos. Se asume el discurso de los poderes económicos basado en analizar el futuro del sistema de pensiones desde la perspectiva del gasto y la demografía relegando cuestiones trascendentales como la creación de empleo estable y de calidad y la redistribución justa de los incrementos en la productividad de la economía.
Para garantizar el Sistema Público de Pensiones es imprescindible crear más empleo de calidad, aumentar salarios y derogar las Reformas Laborales de 2010 Y 2012, que debilitan la negociación colectiva, incrementan la precariedad laboral y la depreciación salarial y disminuyen las cotizaciones; hay que establecer el SMI en 1200 euros previsto en la Carta Social Europea, y aprobar una profunda reforma fiscal para que realmente paguen más los que más tienen e ingresan.
Van a seguir exigiendo la revalorización automática de las pensiones en función como mínimo del IPC porque el llamamiento a recuperar el consenso alcanzado en 2011, que se hace en la Recomendación 2 mantiene indicadores que culminaron con la imposición por el PP del 0,25%.
Es inaceptable que no se derogue el factor de sostenibilidad articulado en la reforma de pensiones de 2013 y 2011. Se consolida la reforma de las pensiones de 2011, retrasando la edad de jubilación hasta los 67 años, alargando hasta los 25 años el periodo de cálculo, aumentando los años cotizados necesarios para lograr el 100% de la pensión, modificando, a la baja, el cálculo de la base reguladora y restringiendo las jubilaciones parciales y anticipadas. Incluso plantean ampliar, tras evaluación, algunas de estas cláusulas cuando haya finalizado su despliegue en 2027.
Rechazan así mismo que se penalice el acceso a la jubilación anticipada; que se impulsen los planes privados de pensiones incentivados con dinero público, se llamen planes de empleo, EPSV, o individuales y la propuesta de cálculo a la baja, según los años de cotización o limitar el incremento del complemento a mayores de 65 años cuya pensión constituya su principal fuente de ingresos en la pensión de viudedad.
Exigen aspectos esenciales como el incremento de las pensiones contributivas mínimas hasta alcanzar los 1080 €, la derogación de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados; medidas concretas para acabar con el 37% de la brecha de género en salarios y pensiones, incluido el aumento hasta el 100% de la base reguladora en la pensión de viudedad como única fuente de ingresos; la equiparación de las empleadas de hogar, o la supresión de ayudas fiscales a planes privados de pensiones, quedan pendientes a expensas de que algún grupo político las incluya en sus votos particulares.
Denuncian que nuevamente el Movimiento de Pensionistas que tanto tienen que decir y aportar, han quedado excluidos en las decisiones. Señalan que es imprescindible seguir luchando, para que a partir de ahora en el Congreso se incluyan nuestras reivindicaciones. La lucha por un Sistema Público de Pensiones que garantice unas pensiones dignas al final de la vida laboral es una lucha del conjunto de la sociedad y, cueste lo que cueste, la van a ganar, porque GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN.
