Ante la anunciada reforma de la RGI, de la “Ley 18/2008 de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social”, diferentes colectivos, plataformas y asociaciones se han movilizamos en la mañana del lunes 12 de febrero ante el Parlamento Vasco.
Tanto en la movilización, como en las diferentes comparecencias en el parlamento a lo largo del día de hoy. Se pretende exigir que se elabore una nueva ley que luche de verdad contra la pobreza y evite los recortes contemplados por el Gobierno Vasco en su “Documento de bases para la mejora de la RGI”; recortes que supondrían un aumento significativo de la pobreza y la exclusión en la CAPV.
Hay que tener en cuenta que, según la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) 2016” del Gobierno Vasco, hay 60.000 personas (31% del total de pobres) que, estando en situación de pobreza, no perciben la RGI; y otras 63.000 personas (47% del total de perceptores/as) que percibiéndola, siguen siendo pobres.
El objetivo de la reforma de la actual Renta de Garantía de Ingresos debería ser dar la vuelta a esta situación: lograr que nadie que sea pobre se quede sin acceder a la RGI o que nadie que acceda a ella siga siendo pobre.
Por desgracia, el Gobierno Vasco no está de acuerdo con este objetivo. No le importa que 194.060 personas (9,1% de la población total) presenten riesgo de pobreza real en nuestra Comunidad Autónoma.
En este sentido. La propuesta de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos elaborada por los partidos que conforman el Gobierno Vasco (PNV y PSE), nuevamente endurece los requisitos de acceso y recorta los derechos ligados a la Renta de Garantía de Ingresos, a través de:
- La implantación de una única RGI por vivienda, considerando a todas las personas que viven en el mismo domicilio como miembros de la misma unidad de convivencia, por más que no existan relaciones familiares. El Gobierno Vasco desprecia la cruda realidad, que es la que obliga a que, distintas unidades de convivencia se vean obligadas a compartir piso porque son personas o familias con escasos recursos económicos e incapaces de afrontar, de forma independiente, los altos precios de alquileres e hipotecas existentes en nuestra Comunidad.
- La desvinculación de la cuantía de la RGI del Salario Mínimo Interprofesional, que le garantizaba un suelo y le ligaba a la realidad laboral.
Una vez más el Gobierno Vasco desaprovecha la ocasión de presentar las bases de una Ley que sea capaz de acabar con la pobreza en la CAV y opta por profundizar en el terreno de los recortes, apuntalando una política que, cada vez convierte en algo más difícil de conseguir y mantener el derecho subjetivo a la RGI y PCV.
Por otro lado, el aumento de las medidas de control previstas en la reforma amplía la sospecha permanente sobre la gente pobre, generando un mayor caldo de cultivo para la extensión de la criminalización de colectivos de perceptores y perceptoras.
Por desgracia no es la primera vez que asistimos a este tipo de recortes. En la última década, desde la Ley del 2008, se vienen sucediendo los ataques, continuos y severos, al sistema de prestaciones sociales de la Comunidad Autónoma Vasca: reducción del número de RGI por vivienda a 2; ampliación del requisito de empadronamiento de 1 a 3 años; recorte del importe de la RGI en un 7% desde el año 2012; eliminación, vía presupuestaria, de la vinculación de la RGI al SMI en los últimos 6 años etc., etc.
