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Las preguntas de la UE

¿Qué tienen que ver las reformas laborales con la UE?

El Pacto del Euro, o Pacto por la Competitividad, impone unas políticas económicas de obligado cumplimiento que suponen un nuevo giro de tuerca sobre las condiciones de vida de la mayoría. Así, establece diferentes obligaciones en materia salarial, laboral, de pensiones, etc:

• Los salarios deben vincularse a la productividad y dejar de estar vinculados al Índice de Precios. Esto supone cambiar las reglas de la negociación Colectiva, desvinculando los salarios del coste de la vida, a la vez que se limita el nivel de centralización de los convenios colectivos y se exige una flexibilidad interna. Esto es, exige terminar con el poder contractual sindical en la fijación de las condiciones de trabajo sobre jornada (tiempo de trabajo), organización de trabajo (turnos, sistemas de retribución, etc.) y despidos. Socava gravemente la negociación colectiva.

• La UE planifica y exige reformas laborales que aborden la flexibilidad y la disponibilidad unilateral del contrato por parte del empresario.

• El Pacto por el Euro y el Pacto Fiscal “recomiendan” el aumento de la edad de jubilación y la reducción de la cuantía de la pensión. La UE fomenta los Planes Privados de Pensiones.

• Exige incluir en la legislación del país con rango constitucional (como ya ha hecho toda la clase política en España) el equilibrio financiero, es decir, el déficit y también el pago de la deuda como prioridad. Con esto se persigue garantizar que los acreedores de la deuda cobren no sólo el principal, sino también los intereses. Y endurece las penalizaciones para quien no cumpla.

• Incentiva la recapitalización de la Banca. Esta es una medida clara de socialización de las pérdidas causadas por la especulación y la mala praxis. En cambio, las ganancias siguen siendo exclusivamente privadas.

La Comisión Europea interviene en los Presupuestos de cada estado miembro para vigilar que cumplen con todas las políticas acordadas. Lo hace mediante el procedimiento conocido como “Semestre europeo”.

Ya había desaparecido del Tratado de Lisboa la posibilidad de exigir y ejecutar derechos esenciales (huelga, tiempo de trabajo, negociación colectiva, etc) En el Pacto del Euro no aparece lo social, ni siquiera como retórica. Está ausente cualquier referencia mínima a los casi 27 millones de paradas /os y sus condiciones de inseguridad. Lo que aparece, en cambio, es toda una política anti-social y anti-trabajadoras/es, que son convertidos en meras mercancías de usar y tirar, para garantizar la tasa de beneficios del capital.

Según Eurostat, en enero de 2014 había en la UE-28, 26,231 millones de personas en paro. De ellos , el 23% se encuentran en el estado español (6 millones). El 2 de febrero de 2011 Gobierno, Sindicatos y Empresarios pactaron las políticas del Pacto del Euro que se aplican en el estado español, el denominado “Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones”. Enterraron así las dinámicas de movilización para revertir las salidas antisociales a la crisis.

En el Estado español, la flexibilidad laboral había quedado garantizada con la Reforma Laboral plasmada en la Ley 35/2010 del gobierno Zapatero. Aún más grave ha sido la Reforma Laboral del gobierno del PP 3/2012. Flexibilidad y disponibilidad unilateral por el empresario, en todo el recorrido del contrato, desde la entrada y la permanencia a la salida. Las Pensiones fueron ajustadas a los criterios fijados por la UE. El retraso de la edad de jubilación y la disminución garantizada de la cuantía de la pensión son aspectos que quedan fijados en sus recortes con la Ley 27/2011 de PSOE, CEOE, CC.OO y UGT y con la Ley 23/2013 del PP sobre el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad. Los ajustes para reducir el déficit y la deuda a los criterios señalados por la UE afectan tanto al mercado privado (devaluación masiva de salarios a través de la falta de aplicación de los convenios o bajadas directa de los salarios), como al público: disminución salarial a todo el personal que trabaja en las distintas AAPP, despidos colectivos para el personal laboral y reducción del empleo público, con tasas de reposición 0.

Y todo ello en base a la absoluta prioridad de crear las condiciones laborales, sociales y políticas para fomentar “la competitividad”. Esto ha conllevado la privatización de servicios esenciales para las poblaciones. Al mismo tiempo se produce una reducción de los costes del trabajo, a través o por medio de políticas que incrementen la flexibilidad, la movilidad de la fuerza de trabajo y la capacidad de ajuste (despido, horas extras…) según el ciclo económico (recesión, crisis, estancamiento o crecimiento).

Es la muerte del trabajador/a, como asalariado y como persona social, pues se le transforma su naturaleza política/jurídica (persona con derechos) al convertirle en un mero factor de producción de capital.

¿Es la UE el paladín de la lucha contra el cambio climático?

La UE se derrite hablando de la importancia de luchar contra el calentamiento global. Así, la Comisión Europea, en las citas internacionales, apuesta por las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero más ambiciosas. Y la UE no solo habla, sino que también actúa: ha cumplido los objetivos marcados por el Protocolo de Kioto.

Sin embargo, esto se ha conseguido con un ejercicio de “contabilidad creativa” basada fundamentalmente en el desplazamiento de una parte de la producción a los países emergentes y a los más empobrecidos y, por lo tanto, también se han desplazado las emisiones de gases de efecto invernadero. Si se tienen en cuenta los productos que la UE consume pero que se producen en otros lugares del mundo, la cuenta de las emisiones de la UE deberían aumentar en un 30% aproximadamente, lo que aleja a la UE del cumplimiento real de Kioto. En paralelo, pudiera parecer que los sectores financieros, esenciales para la UE, consumen menos energía comparativamente, pero eso supone olvidar que la economía financiera tiene repercusiones inmediatas sobre el medio ambiente, puesto que influye y presiona a la economía real.

Si se miden las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial se comprueba que no paran de crecer. Los dos únicos periodos recientes en los que se ha producido una reducción en las emisiones de CO2 globales han sido provocados por fuertes crisis económicas: el colapso del bloque soviético y la Gran Recesión actual. Esto se debe a que el consumo de energía y el crecimiento del PIB se interrelacionan directamente: más crecimiento del PIB implica un consumo de energía equivalente. Y, un mayor consumo energético implica una mayor emisión de gases de efecto invernadero. En un mundo globalizado, las cuentas deben calcularse a nivel global para no hacer trampas.

La UE ha sido muy hábil para crear nuevos nichos de mercado aprovechando el cambio climático. Entre estos destacan la compraventa de derechos de emisión en las bolsas, o la extensión del control del agua por parte de de las multinacionales europeas.en aquellos lugares donde es previsible que disminuya su disponibilidad a causa del cambio climático

En realidad a la UE solo le interesa el crecimiento, lo que, inevitablemente, implica más cambio climático y destrucción ambiental.

¿Quién toma las decisiones en la UE?

En la UE 28, las decisiones ejecutivas son tomadas por la Comisión Europea. Elabora directivas que son de obligado cumplimiento para todos los estados miembros, si el tema está transferido a la UE. También establece las prioridades generales de gasto a largo plazo para la Unión en lo que se denomina el “marco financiero” de la UE. Y elabora el presupuesto. La Comisión está formada por 28 comisarios, uno por cada país de la UE, que tienen un mandato de cinco años. No son elegidos democráticamente, sino que los designa el Consejo Europeo. El actual Presidente de la Comisión Europea es José Manuel Durão Barroso, que renovó por su segunda vez su mandato en febrero de 2010.

A su vez, el Consejo Europeo reúne a los jefes de Estado o de Gobierno de cada país de la UE, al presidente de la Comisión y al presidente del Consejo Europeo, que es quien preside las reuniones. Recordemos que los jefes de Estado son elegidos con sistemas electorales no proporcionales y que suelen contar con el apoyo de menos de la mitad de sus poblaciones. Actualmente, y hasta finales de noviembre de 2014, el presidente del Consejo es Herman Van Rompuy.

No hay que confundirlo con el Consejo de la Unión Europea, formado por los ministros de cada temática. El famoso “Ecofin”, por ejemplo, que toma decisiones económicas que nos afectan a todas y todos, es el Consejo de la Unión que reúne a los ministros de Economía y Hacienda. Además, es muy decisiva en nuestras vidas la labor del Banco Central Europeo (BCE), que es quien gestiona la moneda y, por lo tanto, la política monetaria. Esto lo hace sin ningún control público posible.

El Parlamento Europeo, único órgano electoralmente elegido, no tiene iniciativa legislativa (no puede proponer leyes) y solo tiene potestad para validar o rechazar las que le llegan de la Comisión o el Consejo.

Un ejemplo claro de quién manda: La Comisión Europea interviene en los presupuestos de cada estado miembro, antes de que lleguen siquiera a los Parlamentos estatales, para vigilar que cumplen con las medidas neoliberales que emanan de los órganos de la UE, según dictan el Pacto del Euro o Pacto Fiscal. Es lo que se conoce como “Semestre europeo”.

Las directivas europeas condicionan toda la política de los estados: mercados de trabajo, políticas de inmigración, desplazamiento de trabajadoras/es, mercados interiores y exteriores, transportes, competencia, alimentación, medio ambiente, agricultura, soberanía alimentaria, etc. Sin embargo, los pueblos que van a sufrir esas políticas no tienen oportunidad de elegir a quien va a elaborarlas.

Si a esta falta de democracia añadimos la presencia muy activa de más de 15.000 lobbistas y 2.500 empresas que presionan de forma regular a las instituciones europeas, es fácil darse cuenta de que la política de la UE persigue favorecer intereses privados. Con sus injerencias, condicionan y manipulan las iniciativas legislativas de la UE. Ante todo esto, es necesario cuestionar nuevamente el papel de la UE. ¿Hasta qué punto los lobbies han determinado las políticas de la Unión Europea? ¿A quién sirven las instituciones europeas?

Fuentes:

http://europa.eu

http://corporateeurope.org/

www.lobbyingspain.com

Todas las preguntas en:

www.coordinacionbaladre.org/sabias_que

www.cgt.org.es/¿sabias-que

www.ecologistasenaccion.org/dequevalaue

¿Es legítima la deuda de la UE?

las instituciones europeas se insiste en que el principal problema de las economías de la UE es la deuda pública, pero cuando se analizan los datos de la deuda de los estados de la UE observamos algo bien distinto. A finales de 2011, la deuda pública de los estados de la Zona Euro suponía sólo 15% del total de la deuda, mientras que la deuda privada (de las familias, de las empresas no financieras y de la banca) suponía el 85% restante.

Gráfico deuda:

Ante este grave volumen de sobreendeudamiento del sector privado, lo que más preocupa a los gobiernos y banqueros es el impago de esta deuda. Por ello, desde el comienzo de la crisis financiera, se están afanando por convertir esta deuda privada en deuda pública. El más claro ejemplo lo tenemos en el rescate de la banca española que, ya desde antes del comienzo de la crisis, ha recibido la friolera de 1,42 billones de € de ayudas públicas. Para poder salvar a la banca, el Estado español se ha tenido que endeudar más aún y ha tenido que hacer duros recortes en los servicios sociales básicos para la población como son la sanidad, la educación o las pensiones. Y esto mismo ha ocurrido en la mayor parte de los Estados de la UE, especialmente los de la periferia europea (España, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal).

Así pues, esta deuda, en origen privada y convertida en pública, es, a todas luces, una deuda ilegítima, ya que lejos de ayudar a la población a paliar los daños socioeconómicos de la crisis, los ha agudizado aún más.

Pero la perversión de la deuda no reside sólo en la injusticia de hacernos cargar a todas las personas con una deuda que no es nuestra, sino en su utilización para someter a las poblaciones europeas a los dictados de “los mercados”, a los intereses de los poderes financieros. Así, los rescates llevan asociados toda una serie de condiciones que, con la excusa de sanear las economías de los países rescatados, permiten a organismos tan poco democráticos como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, conocidos como la Troika, intervenir en las políticas nacionales y secuestrar sus soberanías. Esta injerencia ha provocado, en el caso del Estado español, la reforma de la constitución en su artículo 135 para priorizar el pago de la deuda sobre el gasto social.

Por tanto, esta deuda ilegítima debe ser repudiada y no pagada.

¡NO DEBEMOS!, ¡NO PAGAMOS!

Todas las preguntas en:

www.coordinacionbaladre.org/sabias_que

www.cgt.org.es/¿sabias-que

www.ecologistasenaccion.org/dequevalaue

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