Quien me conoce sabe que nunca he creído en las unidades nacionales, sea catalana, española o de otro tipo. No voy a entrar a detallar este tema, ya que este no es el objeto de este pequeño artículo donde quiero reflejar una opinión estrictamente personal. Pero si que quiero dejar constancia de que toda nación o sociedad vive partida por el conflicto entre explotadores y explotados / as. Conflicto que, por nuestra parte, sólo se resuelve con la desaparición de los primeros.
Hecha la aclaración, hoy quiero hablar de otra cosa. Ahora mismo en Cataluña es imposible no escuchar, en tal o cual tertulia de bar, o en el trabajo, que hay una situación nueva para la inmensa mayoría de la población. Las noticias de los medios de comunicación informan de una serie de iniciativas represivas que están generando un impacto innegable a nuestros vecinos y vecinas, tengan la opinión política que tengan. Ciertamente, tal vez son medidas que muchos militantes de movimientos sociales hace años sufriendo, como citaciones judiciales, detenciones, registros, intimidaciones policiales y, incluso, procesos penales. De nuevo, quien me conoce, sabe que puedo hablar en primera persona, como muchos otros compañeros y compañeras. Más de un centenar.
Sin embargo, a nadie se nos escapan ahora algunas novedades. Básicamente, dos. La primera, las dimensiones. La amenaza de detener y perseguir penalmente más de 700 alcaldes, aunque sea por la cifra, asusta. La segunda, las personas afectadas por esta represión. Los últimos años anarquistas, sindicalistas, miembros de la izquierda independentista y militantes de lo que hasta hace poco se llamaban movimientos sociales alternativos hemos afrontado procesos penales y, incluso, periodos de prisión. Actualmente, esta represión toca a gente que hasta ahora era “normal”, en términos del propio sistema. De hecho, aún diría más, se dirige preferentemente de momento a cargos electos, miembros de las propias instituciones (que, curiosamente, a menudo nos han reprimido). Es decir, la represión del estado ha girado contra quien, hasta hace poco, nunca habría esperado ser víctima. Y eso, mis vecinos y vecinas y compañeros y compañeras de trabajo lo perciben. En cierta medida, que se persigue un militante social, con pelo largo, pendientes y “pintas” entraba dentro de la normalidad, dentro de aquel “se lo han buscado”. Ahora, en cambio, la situación sorprende. Y sitúa al propio sistema institucional en una profunda pérdida de credibilidad. Si lo que ocurre no es lógico (dentro de la lógica que el propio sistema político nos había vendido hasta hace poco), tampoco es creíble que lo provoca.
En medio de todo esto, algunos militantes de movimientos sociales nos encontramos en una situación que no acabamos de saber muy bien cómo resolver. Por un lado, no nos convence demasiado esto de construir una república sin mayores detalles. Preferíamos un compromiso más explícito con la revolución social de esta ruptura con el Estado español. Por la otra, y quizás aún más importante, nos desagrada ver cómo este proceso de aparente ruptura se ha construido como un choque entre legalidades (española versus catalana), dejando la iniciativa a los respectivos gobiernos, declaraciones parlamentarias y mecanismos institucionales. Todo ello en medio de una población que, básicamente reducida a un rol de espectadores, se nos mantiene quieta en nuestras respectivas casas. Es decir, que el supuesto poder de decidir se reduce, una vez más, a depositar puntualmente un boleto en una urna. Y nada más. Una cosa y otra nos alejan de comprometernos activamente con lo que está pasando en torno a la convocatoria de referéndum del día 1 de octubre. Y no porque no creamos en la necesidad de autodeterminarse como pueblo, sino porque tenemos serias dudas de que esta sea una vía real para hacerlo.
Ahora bien, los últimos días el estado está enseñando lo que parecen ser las primeras fases de una operación represiva a gran escala. Quizás en un primer momento, y de manera hasta ahora muy poco habitual, no serán “nuestros” quien la sufrirán en primera instancia. Ni tampoco será nuestra iniciativa política la que directamente será perseguida. Pero la ocupación del espacio público por fuerzas represivas, las detenciones por motivos ideológicos, la negación de determinadas formas de participación política (por deficientes que sean) sí que nos interpelan directamente. Personalmente, no puedo ni quiero cerrar los ojos. Un estado, con su fuerza, pone en marcha un aparato represivo de unas dimensiones descomunales. Normaliza los registros por parte de matones de uniformes. Y que jueces y fiscales dicten lo que se puede y no se puede hacer. El resultado de todo ello, incluso para quienes no somos cargos electos o, simplemente, “processistes” será preocupante. Un nuevo recorte de derechos. En resumen.
Y ante esto, hay que hacer frente. Hay que confrontar activamente este ataque represivo del gobierno español, como también lo haríamos si quien lo promoviera fuera la Generalidad de Cataluña. Pienso, además, que nuestra respuesta no debe ser sólo defensiva. Sabemos organizarnos. Sabemos cómo salir a la calle. Sabemos abrir espacios de política y participación colectiva. Sabemos desobedecer. Responder y crear. Por lo tanto, nuestra acción antirepresiva no debe conformarse al parar el golpe sino en, una vez en movimiento, aprovechar para consolidar contrapoderes colectivos.
* Artículo de Ermengol Gassiot, Secretario General de la CGT de Catalunya
