Según sus principios originarios, se podría definir la socialdemocracia como la mejora de las condiciones de las personas mediante la reforma legal dentro del mismo sistema capitalista y sin ponerlo en cuestión. Esta propuesta política, como se puede intuir, es muy útil para el capital pues en momentos de peligro revolucionario puede funcionar como botón del ‘poli bueno’, asimilando las corrientes de protesta y desactivándolos.
Por otra parte, consolida un techo infranqueable que garantiza el orden social, aunque la oligarquía tendrá que pagar un cierto peaje como contraprestación. Como ‘poli malo’ tenemos el incremento de la represión, el autoritarismo y el fascismo para contener los contextos rupturistas.
La vía socialdemócrata es de los inicios, evidenciado en el primer tercio del siglo pasado, antagonista de estas corrientes y no duda en reprimirlos duramente cuando controla los resortes del poder institucional del sistema, como hizo el SPD durante la revolución proletaria alemana del 1919.
Ahora bien la pieza principal sigue siendo la gestión del uso de la fuerza obrera como elemento de negociación y vehiculación dentro de las democracias occidentales, para así ganar espacios de redistribución y cierta ‘justicia social’. En algunos países, el paradigma de esta dinámica tomó el nombre de estado del bienestar.
Pero siempre, siempre, estas cesiones por parte del poder real habían sido intrínsecamente ligadas a combatir la coacción y el peligro que suponían aquellos que ponían en cuestión todo el tablero.
Llega un punto en que este equilibrio se desmonta cuando el peligro revolucionario escurre, entre otros motivos como consecuencia del éxito de la penetración de las ideas individualistas a la sociedad y también por la absoluta implicación socialdemócrata en una economía neoliberal que impide por sí misma cualquier proyecto redistributivo posterior. Es el momento en que esta propuesta política entra en crisis, al demostrarse inútil y siendo visibilizada por la población como el propio sistema mismo.
Surgen nuevos movimientos que prometen una especie de regreso a ‘la reforma que se atreve’, aprovechando cierto malestar popular y, en el caso de España, el empuje de energía que produjo el 15-M. Y como ha ido la prueba del 9 que supone empezar a tocar poder?
Cuentan que durante la segunda fase del New Deal en Estados Unidos hubo una reunión entre el presidente Roosevelt y los principales sindicatos del país. Allí, Roosevelt presentó una serie de medidas en materia de derechos civiles, fortalecimiento del poder de los sindicatos, derechos laborales y sociales. En principio los interlocutores estaban de acuerdo, pero el presidente se despidió con esta frase: “Salid ahí fuera y me obligáis a hacerlo”. La respuesta fueron 4470 huelgas con una media de duración de 20 días en 1937.
Aquella escena representaba el mecanismo socialdemócrata en todo su esplendor: Para generar un movimiento de reformas, necesitamos un poder obrero que justifique el peaje para poder controlarlo. Y aquí podríamos analizar cómo es que los sindicatos aceptaron el juego, pero esta es otra historia.
Acercamos el contexto y hablamos de la Barcelona actual, donde los autodenominados hijos del 15M han accedido al poder, los de la nueva política, los amigos de los okupas, los del triunfo de la tecnopolítica anunciada por ciertos gurús … va, por entendernos, una socialdemocracia 2.0. Y la cuestión es si los que se vendieron como motor del cambio actuarían con una mirada cercana a una serie de reformas arraigadas en la fuerza en la calle como argumento (el máximo que se puede obtener de una institución) o estaríamos ante más de lo mismo.
Hola, buen día, somos la clase obrera.
No empezamos bien. Nada más llegar al ayuntamiento se oculta a los huelguistas de Movistar que en pocos días se presentaba la continuidad del MWC en Barcelona, justo en el momento en que estos abandonan la ocupación de la sede central. Ay! El pragmatismo del poder! Unos meses después, visto que varias negociaciones a empresas públicas no avanzan, comienzan huelgas obreras para reivindicar puntos suficientemente básicos para un gobierno socialdemócrata.
Desgraciadamente, el ayuntamiento se lo toma como un polvo que tienen que vencer, “los trabajadores han visto un filón en el nuevo gobierno” y se realiza una política de continuidad respecto la semilla del conflicto que plantaron gobiernos municipales anteriores. Con un Bus en huelga, las negociaciones se realizan únicamente con las fuerzas sindicales cercanas a dirección, CCOO, UGT y SIT, que ven como pierden dos preacuerdos en votación de asambleas. La solución encontrada fue expeditiva: Se firma el convenio sin votación de la plantilla.
Llegan las huelgas de metro que, como comentó una persona cercana a alcaldía, “nos envíe los boinas verdes del sindicalismo”. Con esta paranoia se entra en una espiral de despropósitos criminalizadores propios de cualquier derecha neoliberal, utilizando los medios de comunicación: “La huelga es un chantaje y no se puede negociar si no se retira”, se publican sueldos manipulados que incluyen pluses por trabajo nocturno, festivo o festivo especial para inducir a confusión, se proyecta la imagen de trabajadores privilegiados, se presiona fuertemente a la Generalitat para incrementar los servicios mínimos y un largo etcétera donde la “comunista” Mercedes Vidal hace de pararrayos del núcleo de confianza del Ayuntamiento. La negociación queda en manos del directivo ultraliberal puesto por el gobierno Trias, Marc Grau.
Hay que decir que estos ataques hicieron mucho daño en la primera fase de huelgas, debido al carisma de Ada Colau dentro de la clase trabajadora. El objetivo estratégico era muy sencillo: ganar por aplastamiento del sindicalismo combativo como ejemplo para otros conflictos. Podríamos decir que en esta nueva fase de huelgas iniciada en Abril, es ya una táctica muerta y amortizada.
Las reivindicaciones que pide la plantilla son de lo más sencillas:
1-Que las embarazadas trabajen en lugares protegidos
2-Fin de la congelación salarial (6 años así).
3-Que se cumpla el programa electoral de BEC: Trabajos estructurales como vías y catenarias se hagan a la empresa. No a turnos precarios de tiempo parcial.
Todo ello en un contexto donde el ayuntamiento, incumpliendo la ley misma, no publica los sueldos de directivos enchufados de ICV, PSC o CDC, algunos de estos partidos dentro de su propio equipo de gobierno. Para hacernos una idea del conflicto, en 18 años se realizaron únicamente 10 huelgas en Metro, excluyendo las generales, y en cada caso se llegar a acuerdos. Para pedir una aplicación muy ínfima de un programa de mínimos, son ya 24 jornadas de huelga en sólo 18 meses.
Y se suceden los conflictos: socorristas de Barcelona para una adjudicación sin tener en cuenta qué pasaba con la plantilla, el Teleférico de TMB por una situación insostenible de precariedad, y ahora asoma el Bicing de Barcelona y la privatización del nuevo tramo del Tranvía en la Caja.
En todos estos casos, la CGT ha tenido una actuación protagónista bastante visible, pero yerran el tiro les integrantes del búnker de confianza municipal. Su problema no es la CGT ni ninguna confabulación de esta para derribar no se sabe qué. El problema es que se asesoran por cargos burócratas de gobiernos anteriores, directivos neoliberales que interpretan los conflictos laborales como guerras con enemigos y, tal vez, los ámbitos académicos o de locales alternativos donde muchos se han movido no son el mejor referente para entender a la clase obrera en movimiento. ¿Cuántos han militado en sindicatos?
Desgraciadamente, tenemos una socialdemocracia low cost en el ayuntamiento de Barcelona, con una capacidad muy limitada para mantener una dinámica basada en la debilidad política. Más aún cuando tiene delante una clase obrera fuerte. ¿Cuánto tardarán en darse cuenta?
Òscar Murciano, Secretario de Acción Social de la CGT
