El 22 de marzo de 2017, la Consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco en rueda de prensa anunciaba una serie de medidas en relación a Lanbide y a la gestión de la RGI entre las cuales cabe señalar:
- Creación de un grupo antifraude.
- Mejora de la colaboración con otras instituciones, policías locales y la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Implantación de un sistema de reconocimiento de todas las personas mediante huella digital.
Y también señalaba que el fraude existente en la RGI no llega al 1%; y más en concreto citaba que en el 2016 se habían realizado 135.410 revisiones en las cuales se había detectado 392 casos (0,3%) de fraude (cuando hay una acción por parte de la persona de engaño) y 824 casos (0,6%) de un uso inadecuado
Ante estas declaraciones manifestamos:
- Las declaraciones que se están vertiendo sobre la RGI está contribuyendo a generar una imagen muy perjudicial y estigmatizada de las personas perceptoras. Recordemos que estas personas no son culpables de su situación ni merecen ser tratadas como “presuntos delincuentes”. El 25% son pensionistas cuyas pensiones son insuficientes, el 20% son trabajadoras con bajos salarios y el resto son personas sin ingresos o con ingresos muy bajos. Nadie es pobre porque quiera serlo. La pobreza es una problemática social.
- El fraude en la RGI no justifica la alarma social que se está generando. La mejora en la gestión, debiera ir encaminada a simplificar y agilizar la tramitación y ser fortalecida por la oferta de otra serie de recursos que permitan la promoción de las personas. No matemos moscas a cañonazos, si el fraude en la RGI, que no llega al 1% justifica estas actuaciones, ¿Qué hacemos con el fraude fiscal que llega al 20%?
La RGI nos hace una sociedad más justa y cohesionada, el reto es conseguir ser también una sociedad decente, o una sociedad civilizada, cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad, y cuyos ciudadanos no se humillan unos a otros, tal y como decía Avishai Margalit.
