El aumento del IPC se sitúa en un 5,5% lo que supone una caída abrupta de la capacidad de compra de los trabajadores en un contexto en el que más del 80% de los salariados no cubre el coste real de la vida y solo el 17% de los convenios incluyen cláusulas de revisión salarial.
El fenómeno de la inflación es complejo y puede tener origen en distintos desequilibrios en el ciclo del capital. En la economía española es relativamente poco habitua, a diferencia de lo que ocurre en economías más dependientes, pero en estos meses hemos visto el mayor aumento en los últimos 29 años. En estos momentos el índice de inflación es del 5,5%. Entre septiembre y octubre el índice General de Precios de Consumo (IPC) tuvo un crecimiento intermensual solo del 2%, un verdadero golpe en el poder adquisitivo de los salarios y pensiones.
Según datos publicados esta semana por el Banco de España en lo que va de año, las subidas pactadas en convenio son del 1,55% Es decir, 3,95% por debajo del incremento del IPC. Es importante tener en cuenta que hay gran cantidad de convenios aún no pactados, es decir en muchos sectores ni tan siquiera existe esta subida.
Otro de los datos que ha arrojado esta semana el Banco de España es que actualmente solo un 17% de los convenios tienen cláusulas de actualización de los salarios al IPC, frente al 80% de hace una década. Este problema quedó muy patente con la Huelga General del sector del metal en la Bahía de Cádiz que puso sobre la mesa sobre la mesa una serie de debates importantes, entre ellos el de la pérdida de poder adquisitivo de los salaries a causa de la subida desatada de precios.
¿Por qué suben los precios?
La subida generalizada de los precios del IPC que estamos viendo estos meses es un fenómeno internacional. El encarecimiento de las materias primas, la subida de la factura de la luz, de los carburantes, etc.
En parte se trata de una de las consecuencias de la recuperación económica tras la caída abrupta que sufrió la economía en 2020 a causa de la pandemia junto con un aumento del precio de las materias primas y el miedo al posible desabastecimiento en un futuro cercano fruto de la ruptura en la cadena de suministros.
A este panorama parece sumarse la incertidumbre por la aparición de nuevas variantes del coronavirus como la cepa Omicron que amenazan con golpear de nuevo los ritmo de producción.
¿Quién paga la subida?
El gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, explicó esta semana que en el caso español, del 5,5% de inflación, alrededor de un 4% corresponde a costes de la energía que se pagan fuera de España. En su opinión ese 4% debería repartirse entre empresarios y trabajadores. ¿Pero quién está pagando el aumento de los precios realmente?
En un contexto de inflación como el que vivimos comienza la carrera de los distintos grupos o sectores económicos por preservar sus márgenes de rentabilidad. En esta carrera los grupos económicos que cuentan con mayor concentración en la producción y comercialización de las mercancías son los que estám marcando los precios.
Aunque la inflación se presenta como algo que afecta a todos por igual, a empresarios y consumidores, y entre estos a trabajadores, la realidad es que en esa competencia los empresarios son quienes terminan imponiendo la subida de precios generalizada que recae sobre la clase trabajadora que ve mermados sus salarios y pensiones mientras las empresas mantienen sus márgenes de ganancia.
Cuando la inflación ya supera el 5,5% en un contexto en el que más del 80% de los salarios no cubre el coste real de la vida es vital para los trabajadores pelear porque los convenios sectoriales incorporen cláusulas de revisión salarial, que se vayan renovando y aumentando el salario mes a mes según se vayan produciendo variaciones en los niveles del coste de vida. Esto es, una escala móvil de indexación automática de los salarios según el nivel general de los precios y el coste de vida real.
Para ello es necesario seguir el ejemplo de trabajadores como los de Cádiz y otras luchas que exigen mejorar su convenios y para ello enfrentan a patronales, Gobierno y burocracias sindicales de CCOO y UGT que llevan años negociando convenios en detrimento de las condiciones laborales de millones de trabajadores.
