El Consejo de Ministros del martes 23 de Noviembre, ha aprobado un anteproyecto de ley que servirá para impulsar los sistemas de pensiones privadas vinculadas al empleo, se trata de un fondo público para impulsar el ahorro privado de trabajadores en su empresa para su jubilación, como complemento de las pensiones públicas.
El Gobierno aspira a que la ley para la creación de este macrofondo esté en vigor antes del verano del próximo año. Era una recomendación del Pacto de Toledo y estaba incluido en el plan de recuperación enviado a Bruselas para recibir fondos públicos y ha sido incluido en los Presupuestos Generales de 2022 aprobados el jueves 25 de Noviembre, con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Nueva Canarias, Compromís, Teruel Existe y PRC.
Escrivá ha apostado reiteradamente por impulsar la privatización parcial del sistema público de pensiones, llamándolo: modernización del sistema público de pensiones en base a impulsar e incentivar los planes privados de pensiones tanto de empleo (EPSVs), acordados a través de la negociación colectiva, como los individuales.
La creación de este macrofondo va a formar parte de la segunda parte de la reforma de las pensiones y va tener una tramitación parlamentaria independiente de la reforma de las pensiones que ultima los trámites en el Congreso , que entre otras medidas, no garantiza la subida del IPC y se establece un nuevo concepto de revalorización, resultante de la media de los IPCs mes a mes, que en este año va a suponer una pérdida del 3%; consolida los recortes vigentes, introduce el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que, si bien incrementa los ingresos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, no garantiza la financiación suficiente del Sistema Público de Pensiones, atrasa el aumento de las pensiones mínimas y deja su futuro en manos de la Mesa de Diálogo Social.
La norma incluye la creación de este fondo público, que aunque el Estado sea “promotor” de esta iniciativa, sin embargo el fondo tendrá gestión privada. Mediante un concurso público se seleccionará a las gestoras privadas que desarrollarán las inversiones de este fondo. Aunque Escrivá no ha entrado en detalles, en los desarrollos previos se limitaba el acceso a las gestoras más pequeñas, al imponer un nivel mínimo de patrimonio bajo gestión y se fijará un nivel máximo de comisiones.
El Gobierno dice pretender garantizar un control público de este fondo. Para ello, se va a crear una comisión de control para supervisar y monitorizar la gestión del dinero. Esta comisión tendrá una mayoría de representantes del Estado, así como representantes de los sindicatos institucionales y de las patronales.
Escrivá pretende con la colaboración de los sindicatos institucionales, que los convenios colectivos sectoriales, abran la puerta, a que las empresas de cada sector puedan adherirse a este fondo público, con el objetivo de que llegue a las de menor tamaño. Además, defiende, se simplificará la vía administrativa para crear fondos de pensiones de empleo.
El Ejecutivo con esta iniciativa de un paso más en la privatización del sistema público de pensiones, potenciando las pensiones privadas que es lo que interesa al capital financiero y tomando como modelo las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) de la CAV (Euskadi), que actualmente son apoyadas por ELA, LAB, CC.OO. y UGT, que participan en sus órganos de gestión, por lo que se necesita la complicidad sindical para impulsar los mismos en la negociación colectiva.
