Lo han conseguido: después de 231 días de huelga indefinida, los 750 trabajadores en huelga de Tubacex —la plantilla entera— han logrado un acuerdo de la empresa en el que esta asume que todas las personas despedidas en febrero, incluidas las salidas voluntarias, serán readmitidas.
El comité de empresa se encuentra negociando con la viceconsejera de Empleo del Gobierno vasco, Elena Pérez, para afinar el párrafo de la anterior propuesta que creó más resquemor entre los trabajadores, ya que implicaba dejar a al menos siete compañeros de huelga al margen de la vuelta al trabajo. En los próximos días, los afiliados de cada sindicato —CC OO, ELA, LAB, Estat e Independientes— votarán la propuesta notificada por Gobierno vasco, que actúa como mediador, para su ratificación o rechazo.
De aprobarse, volverían todas las personas despedidas, también las que salieron voluntariamente —hay siete que desean volver—. Ni siquiera las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que calificaron sendos ERE como nulos, consiguieron que la gerencia abriera las puertas de las dos fábricas de Llodio y Amurrio para reanudar la vida laboral. Recurrió las condenas al Tribunal Supremo y anunció otro ERTE.
No obstante, el acuerdo que hay encima de la mesa supone una modificación sustancial de las condiciones laborales: los empleados trabajarían 40 horas anuales más, lo que supone un ahorro de 18 jornadas completas para la empresa, y tendrían el salario congelado hasta 2025, independientemente de si la empresa obtiene beneficios. La aportación a la EPSV para las jubilaciones de la plantilla bajaría del 4 al 1%. Durante la pandemia, abogados laboralistas ya advirtieron que grandes empresas están utilizando los ERE y ERTE para realizar una modificación sustancial de las condiciones laborales sin pasar por una negociación colectiva al uso.
Hoy se cumple la jornada de huelga 231. La plantilla lleva sin cobrar desde febrero y se ha mantenido unida en un conflicto laboral que ha puesto en jaque la economía de una comarca entera, Aiaraldea. Gobierno vasco es el sexto accionista de Tubacex y optó por mantener un perfil seguidista con la gerencia de la empresa. El 17 de septiembre, la empresa asumió que la viceconsejera de Empleo (PSE) actuara como mediadora para desatascar un conflicto laboral, a pesar de la existencia de dos sentencias judiciales que hubieran solucionado el problema en julio.
