“El mantra de ‘no podemos porque Bruselas no nos deja’ ya aburre”. La declaración es de Rubén Sánchez, secretario general de la organización de consumidores Facua, y se producía el último día de agosto, tan solo unas horas después del rechazo de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a intervenir el mercado eléctrico para frenar un precio de la luz desorbitado. Ribera aseguraba que medidas como poner un tope al precio de la hidroeléctrica, una energía que usa un bien público —el agua— y cuyas infraestructuras están ya mucho más que amortizadas en la inmensa mayoría de los casos, así como apostar por un precio fijo para la nuclear, una fuente barata en situación similar a la hidráulica en cuestión de costes, “son frontalmente contrarias al derecho de mercado”. También reconocía que la factura será este año al menos un 25% más cara.
Entre ambas declaraciones, y por si ocho récords del precio de la luz en España en agosto fueran pocos, la electricidad marcaba su noveno máximo histórico en menos de un mes para inaugurar septiembre: 132,47 euros el megavatio hora de media en el mercado mayorista. Ni 24 horas después Pedro Sánchez respaldaba a la ministra rechazando la propuesta de sus socios de Gobierno de intervenir en un mercado controlado por el oligopolio eléctrico. Las políticas serán “siempre dentro del marco regulatorio europeo”, zanjaba el presidente. Pero para redondear y alcanzar la decena de récords este miércoles se alcanzaba una inédita cifra de 140,38 euros. Vista la escalada, las noticias sobre un vecino de Vigo apedreando una sede de Naturgy o la del alcalde del madrileño pueblo de Batres declarándose en rebeldía y negándose a pagar más recibos de la luz hablando de “descomunal abuso” e “inacción del Gobierno” no parecían tan raras. Menos aún si se tiene en cuenta que Iberdrola tuvo 1.531 millones de euros de beneficio neto de explotación en el primer semestre de 2021 o Endesa 832 millones. Son dos de las cinco empresas —se le suman Naturgy (Gas Natural), EDP y Viesgo-Repsol— que controlan el 90% del mercado en España.
Algo no cuadra
Con tono más bien contundente, el secretario general de Facua recordaba que la tesis de Ribera “ya la utilizaba la ministra de Hacienda para no bajar el IVA, y al final lo bajó”. De hecho, reventaba el argumento recordando que Francia ya sacó la energía nuclear de la subasta diaria en 2011. “No pasó nada, no la expulsaron de la Unión, no la sancionaron”, añadiendo que una directiva europea de 2019 plantea que los Estados miembros pueden intervenir las tarifas eléctricas para proteger a los consumidores más vulnerables.
No es que lo diga solo una organización de defensa de los consumidores como Facua. La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, ya recordó a mediados de agosto, cuando la tormenta de precios llevaba unos días y aún no había rebasado la barrera de los 120 euros el MWh, que los Estados miembros “deben garantizar una competencia efectiva” en el mercado eléctrico y pueden intervenir en el mismo fijando precios para el suministro de los clientes domésticos vulnerables.
Intervenir en el mercado eléctrico, bien poniendo precios máximos a la hidroeléctrica y fijos a la nuclear, o bien creando una empresa pública de energía. Es lo que está sobre la mesa ante los desbordados precios de la luz aunque el Gobierno eche balones fuera. El plan para la creación de la empresa pública lo defienden desde hace meses desde Unidas Podemos. Dos de sus pesos pesados, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ya enviaron una propuesta concreta en ese sentido a mediados de agosto. Ribera no cerró la puerta entonces, aunque hoy esa posibilidad se aleja dadas las últimas declaraciones desde la cúpula del PSOE.
“Aquí estamos debatiendo sobre la creación de una empresa pública de energía y un país como Francia ya la tiene”, señala a El Salto el presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico y diputado y coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde. Italia, sin ser un país tan nuclearizado como la vecina nación gala, también tienen un organismo público similar, con lo que el diputado da la vuelta al argumento: “El caso único es el español, donde ni hay participación pública ni hay fijación de precios”.
“En Francia la nuclear no cobra el precio de mercado. ¿Por qué? Porque está en una situación donde no hay competencia, etcétera, y entonces lo que se hace es que se le obliga a cobrar un precio fijo”, explica a El Salto Jorge Morales, director general de GeoAtlanter, patrono de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Es algo que no habría problema en hacer en España, señala, si bien plantea hacerlo en los ajustes posteriores al resultado del mercado eléctrico, en lo que llama postmercado, y no interviendo antes de que este fije un precio. Sería una medida que necesitaría de cambios legislativos que justifiquen las razones por las que las diferentes centrales no puedan cobrar los precios actuales.
Puerta giratoria, ley a medida
Son más de dos décadas de oligopolio eléctrico controlado por un reducidísimo grupo de empresas muy interconectadas con los dos partidos predominantes en España. Se cuentan por cientos los cargos públicos que han acabado a sueldo de las eléctricas. Tres presidentes del Gobierno y 20 ministros han pasado de diseñar y modificar la normativa del sistema eléctrico español a estar en consejos de administración y a sueldo de Endesa, Iberdrola, Naturgy o Red Eléctrica de España.
Son hechos que hay que poner sobre la mesa para contextualizar frases como la planteada por el secretario general de Facua este martes: “Con las tarifas eléctricas en máximos históricos aumentando la inflación, el Partido Socialista demuestra una vez más que no tiene ninguna intención de enfrentarse al oligopolio eléctrico, como no lo hizo en sus anteriores gobiernos en solitario”.
La ministra de Transición Ecológica sí ha sido crítica con las eléctricas en un aspecto. Más allá de criticar “la falta de empatía social” de estas, cargaba contra una práctica por la que se el Gobierno ha abierto expediente a Iberdrola y Naturgy: el desembalse masivo de agua para aprovechar el alto precio del gas y de los derechos de emisión de CO2 y vender electricidad producida por las centrales hidroeléctricas —muy barata de producir— a precio de oro. Es la consecuencia de un sistema de fijación de precios que plantea una subasta donde el precio de la electricidad más cara fija el precio de toda la electricidad, provenga de la fuente de la que provenga.
Mientras las autoridades deciden si hubo o no mala praxis en la gestión hidroeléctrica, una cifra: Iberdrola redujo el agua del embalse de Ricobayo, el más grande de Zamora, un 79% este verano aprovechando el cambio de tarificación eléctrica.
Germen hidroeléctrico
Es en las hidroeléctricas donde desde la izquierda se plantea intervenir. Precisamente, el caso de Ricobayo es paradigmático. “La concesión terminó hace diez años y sin embargo sigue en manos de Iberdrola”, denuncia López de Uralde. Es la tónica general en unas concesiones públicas que, en la mayoría de casos, aunque caduquen tras décadas de cuantiosos beneficios, siguen en manos de las grandes eléctricas. “La mayor parte de veces esos expedientes cuando caducaban revertían de nuevo a la misma empresa en lugar de a la administración, que es lo que debería ocurrir”, apunta Morales.
Aunque Morales señala que tiene dudas de que la creación de una empresa pública de energía solucionase el problema del alza de precios a corto plazo, remarca que “el que se prorroguen como hasta ahora sin iniciar un expediente es una barbaridad y eso tiene que cambiar”. “No tengo claro que la mejor forma de explotar esas centrales en el futuro sea quedándoselas una empresa pública o sacándolas otra vez a concurso con ciertas restricciones”, añade. Y por restricciones plantea como opción una subasta restringida donde no pudiesen acudir los grandes operadores que ahora mismo forman el oligopolio que controla el mercado.
Desde Unidas Podemos, López de Uralde ve claro que las energía hidroeléctrica “debe revertir en el Estado sí o sí”, añadiendo que los esta energía y los embalses que la acompañan tiene un papel clave en la transición ecológica y la gestión del agua. La formación morada reclama la vuelta al Estado de las concesiones que vayan caducando, “y no estamos hablando de expropiaciones ni de retirar concesiones”, expone, “solo de que el Estado se haga cargo de aquello que le va a ir revirtiendo y que no tiene ninguna justificación visto lo que está pasando estos días que siga en mano del oligopolio eléctrico”.
El 90% de las hidroeléctricas están en manos de solo tres empresas: Iberdrola, Naturgy y Endesa
En una década son una treintena los grandes saltos que revertirán al Estado con una potencia de 720 megavatios, a lo que habría que sumar en dos centenares más de minicentrales eléctricas de menos de 10 megavatios, según aseguró en Al Rojo Vivo la propia Teresa Ribera. Hoy, el 90% de las hidroeléctricas están en manos de solo tres empresas: Iberdrola, Naturgy y Endesa. Es el horizonte al que miran desde las organizaciones sociales para frenar una escalada de precios que está dando millones en ‘beneficios caídos del cielo’, como se conoce a los obtenidos por las eléctricas al facturar kilovatios obtenidos con la hidráulica y la nuclear a precio muy por encima de los que cuesta su producción aprovechando el actual sistema de subastas y el sistema modelado en las últimas décadas.
“Hay una pasividad, un dejar hacer que lleva a que las concesiones se alarguen en el tiempo a las empresa privadas”, finaliza el diputado de UP, “con una falta de voluntad para no molestar al oligopolio, y esto debe terminar porque es evidente que aquí lo que tiene que primar el interés social y el interés público”.
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