Cientos de familias barakaldesas llevan 7 meses esperando una ayuda de emergencia social.

Coincidiendo con la celebración telemática en la tarde del jueves 29 de Julio, del pleno del Ayuntamiento de Barakaldo varias personas se han concentrado ante el consistorio (ex)fabril con lotes de comida compuestos de paquetes de legumbres y pasta, bricks de leche, botellas de aceite, latas de conserva y productos de higiene y primera necesidad, similares a los repartidos por entidades benéficas, para denunciar la falta de compromiso del equipo de gobierno local en erradicar las situaciones de pobreza que sufren cada vez más personas en la localidad antaño fabril.

La razón de la protesta es que, este próximo mes de agosto, muchas familias tendrán serias dificultades para cubrir sus necesidades alimentarias más básicas al ralentizarse la entrega de los lotes de comida que varias entidades benéficas de la localidad se encargan de distribuir y que el Ayuntamiento no ha dispuesto ninguna medida que palíe las consecuencias que de ello se derivan.

Esta situación afecta especialmente a las niñas y niños menores a cargo de estas familias; “sin colonias estivales o comedores escolares los menores no pueden cubrir los requerimientos alimentarios que garanticen su adecuado desarrollo, lo que condicionará su salud futura si no se adoptan las medidas necesarias. No es una cuestión baladí”, han declarado.

Pese a las situaciones de necesidad que se viven en el municipio y su agravamiento durante el próximo mes, llama la atención que el departamento de Acción Social no haya puesto en marcha el “cheque comida” que percibieron 240 familias durante el año pasado para paliar estas situaciones a corto plazo.

Más si cabe cuando han transcurrido  seis meses desde la apertura del plazo de solicitud de Ayudas de Emergencia Social (AES) y según han confirmado activistas de la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak “no nos consta que  ninguna familia que las haya percibido a día de hoy”. Asimismo, relatan que “el gobierno local ha dejado claro que denegará solicitudes o recortará cuantías al no haber derivado  presupuesto suficiente para atender todas las demandas y necesidades de las familias del municipio”.

Este parece ser el motivo por el que, “desde Acción Social, se obliga a las familias solicitantes de ayudas municipales a elegir entre pagar los gastos de acceso a la vivienda habitual (alquiler o hipoteca) o cubrir sus necesidades más básicas, como alimentación, atención sanitaria no cubierta por Osakidetza (dentista u oculista, entre otros) o los gastos de comunidad, luz y agua”.

Esta política de recortes también conllevará que desde el gobierno local se puedan denegar  solicitudes de  ayudas de emergencia a familias con alguna persona empleada en el régimen de autónomos que sea propietaria del local donde desarrolla su actividad laboral, así como a  familias que dispongan de un vehículo en propiedad.

La obligación de mantener abierto el plazo de solicitud de estas prestaciones durante los doce meses del año, recogida en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas vuelve a ser vulnerada más flagrantemente si cabe, puesto que este año, el día del cierre se ha adelantado al 21 de octubre; dos semanas antes que el pasado año.

Las personas concentradas han exigido, finalmente, al concejal de Acción Social, Mikel Antizar, que “revierta su actual política de recortes, sea consecuente con la situación que vive la localidad, garantice los derechos y necesidades de todas las familias del municipio y cumpla las leyes que amparan a la población más vulnerable”.

Comparte:
Share