El gobierno de PSOE y UP aprueba una Proyecto de Ley de Memoria Democrática que, aunque recoge algunas de las demandas de las entidades de memoria histórica, mantiene el espíritu de olvidó e impunidad de la Transición.
Esta ley, sustituye a la Ley de Memoria Histórica, aprobada por Zapatero en 2004. Una Ley, que ha sido durante todo este tiempo cuestionada por las asociaciones de víctimas y represaliados del Franquismo. En su preámbulo y articulado quedaban igualadas víctimas y verdugos, fiel retrato de los relatos de la guerra como una guerra “fratricida” que igualan a franquistas y anti-franquistas, a las “dos Españas”.
Además en su desarrollo la exhumación de fosas, la retirada de símbolos y nomenclátor franquista de nuestras calles o la reparación a las víctimas o no ha existido o se ha conseguido a base de una permanente pelea social y judicial.
La Ley recién aprobada este pasado martes se ha presentado como más ambiciosa. Recoge algunas de las demandas de las asociaciones pero estas mismas la siguen calificando de tibia, timorata y tímida”.
¿Qué demandas se incluyen en la Ley gracias a la movilización de las asociaciones?
Algunas de las demandas históricas de las asociaciones de víctimas del franquismo estarían incluidas en el proyecto de Ley aprobado en el Consejo de Ministras y Ministros. Una de ellas sería que el Estado se haría cargo, también económicamente, de la búsqueda y exhumación de las fosas comunes. Para ello se compromete a elaborar un mapa estatal de fosas, la creación de un censo oficial de víctimas y un banco de ADN.
Sin embargo, no especifica la cuantía económica destinada a ello, ni como se repartirán estos fondos. Esto ha sido fuertemente criticado por las asociaciones. La Ley sigue dejando en sus manos y en la de los particulares la presentación de proyectos concretos de eshumación. Tal y como ha denunciado Emilio Silva, uno de los referentes del movimiento de memoria histórica en el Estado español, esto hará que las asociaciones tengan que competir entre sí para acceder a los fondos, una pelea por ver quien exhuma antes a sus familiares.
Justamente para evitar esto las asociaciones pedían lo contrario. Que sea el Estado, a través de sus Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en todo el territorio, quien se encargara directamente de la localización y exhumación de los miles de republicanos asesinados de oficio.
El proyecto de Ley también habla de la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos en el Tribunal Supremo para la investigación de los hechos acaecidos en la guerra civil y en la dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución, que “constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”. Esta sería la encargada de llevar a cabo un régimen sancionador por los incumplimientos de la norma, gradual, que comprende desde los 200 euros, para las infracciones más leves, hasta los 150.000 euros, para las más graves. Los brutales crímenes del franquismo se sancionarían, si el Constitucional no lo impide apelando a la inmunidad de la Ley de Amnistía de 1977, con meras sanciones económicas.
También declara nulas las condenas y sanciones dictadas durante la guerra civil y dictadura por órganos de represión franquista, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual. Pero se trata de una herramienta de reparación simbólica que no conlleva ningún tipo de indemnización.
En cuanto a los principales símbolos fascistas actuales como son el Valle de los Caídos y la Fundación Francisco Franco, el primero se convertirá en un cementerio civil que solo podrá acoger cadáveres de fallecidos por la Guerra Civil. En cuanto a esta fundación, se quiere ilegalizarla introduciendo una modificación de la ley de asociaciones para actuar contra aquellas entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o a la violencia contra las víctimas de la guerra civil o de la dictadura.
Habla también de revocar los títulos como el Ducado de Franco, o condenaciones y medallas policiales como las de de Billy “El Niño”, otorgadas durante la dictadura, así como la creación de un inventario de los bienes expoliados durante la guerra civil y la dictadura, eso sí sin posibilidad de que se proceda a su devolución, o el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados.
Por último, en materia educativa y simbólica, se quieren ampliar los contenidos educativos de la memoria democrática, incluyendo: “el papel activo y singular de las mujeres españolas como protagonistas de una larga lucha por la democracia y los valores de libertad, igualdad y solidaridad, así como la represión específica y el sufrimiento infligido por el hecho de ser mujeres”. También insiste en uno de los objetivos fallidos de la anterior ley, la retirada de todo símbolo franquista, y declara dos días anuales de recuerdo, tributo y memoria democrática: el 31 de octubre (día en que las Cortes aprobaron la actual constitución) y el 8 de mayo (día de la liberación del campo de exterminio de Mauthausen).
Las asociaciones de víctimas y memoria histórica siguen señalando las demandas olvidadas en favor de la impunidad.
La ley ha sido recibida con críticas no solo por la derecha heredera del Franquismo, como era de esperar, sino también por gran parte de la izquierda parlamentaria. Para Gabriel Rufián de ERC: “falta la necesaria derogación de la Ley de Amnistía que “equipara a asesinos franquistas con víctimas republicanas”. Incluso desde UP, en un nuevo ejercicio de malabarismo pues ellos son parte del gobierno que la promueve, se han pronunciado a favor de “mejorar” la ley vía enmiendas.
Pero sin duda las críticas más contundentes han venido de las asociaciones de víctimas del franquismo y de memoria histórica. Estas han denunciado en un comunicado conjunto que: “No estamos dispuestos a asumir renuncias. Ni las víctimas del franquismo que aún viven, ni sus familias, ni el conjunto de la sociedad y la democracia pueden permitírselo. No podemos esperar otros catorce años a una nueva Ley que satisfaga los derechos irrenunciables de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación. Como colectivos de víctimas, como sociedad democrática, no podemos renunciar a ejercer la justicia penal sobre los torturadores y criminales franquistas que aún viven, y es un grave error que, si esta ley continúa cerrando el acceso de las víctimas a la Justicia, pueda acabar, al final, apuntalando definitivamente la impunidad del franquismo”.
Además, reclaman que la ley: “declare ilegal al franquismo, se anulen todas las sentencias, en bloque, y de manera automática sin pasar por un proceso de revisión individual. Por último, propone cambiar los días de recuerdo propuestas por el 12 de diciembre, ya que fue el día de 1946 en que la ONU condenó la dictadura franquista, o el 5 de agosto, ya que al alba de ese día en 1939, los militares fusilaron a las 13 Rosas. Asimismo, para recordar el exilio español, la data propuesta por parte de la Asociación fue el 22 de febrero, debido a que ese día en 1939 murió un reciente exiliado Antonio Machado”.
Luchemos por acabar realmente con la impunidad del Franquismo
A pesar de las demandas incorporadas, esta ley sigue manteniendo la impunidad de los torturadores y asesinos franquistas. Solo habla de la retirada de los símbolos y títulos y la anulación simbólica de algunas sentencias. Pero en ningún momento se plantea el juzgar a asesinos franquistas, como el ministro Martin Villa, que hoy en día siguen libres, y vendido en muchos medios como uno de los “padres” de la democracia. Para ello, habría que derogar la Ley de Amnistía, de 1977, que sigue prohibiendo juzgar a los represores franquistas.
La reparación a las víctimas pasa también por el inventario y devolución de todos los bienes expoliados por los franquistas a familias de los represaliados. Muchos hombres de negocios, duques y políticos, tendrían que deshacerse de gran parte de su patrimonio acumulado por este expolio sistemático perpetrado sobre todo en los primeros años de la dictadura.
En cuanto a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, o perseguir penalmente la apología del franquismo., aunque superficialmente pueda parecer un “golpe” a la extrema derecha, en realidad endurece las herramientas políticas represivas del Estado y abre la posibilidad de restringir duramente la libertad de expresión. Como sucede con todas y cada una de las medidas que fortalezcan el aparato punitivo del Estado capitalista. Además el franquismo y sus herederos no descansan fundamentalmente en este tipo de asociaciones, sini en la Judicatura, los cuerpos policiales, el Ejército y buena parte de la casta política.
Los luchadores, la clase obrera, pusimos la mayoría del medio millón de asesinados por el franquismo y los cientos de miles más que tuvieron que irse al exilio o “pudrirse” en las cárceles y campos de concentración franquistas. Para nosotros no hay placas, ni homenajes, ni grandes actos, solo silencio y olvido por parte del Régimen del 78. Como hijos, nietos de los represaliados por el franquismo no nos fiamos de ellos.
Estamos en contra de cualquier intento de lavar la cara al Régimen heredero del franquismo, a la vez que se condena institucionalmente la Revolución española. Este Régimen no ha juzgado, ni lo pretende, a ningún asesino o torturador. Solo busca reactualizar el falso “consenso de la Transición” en nuestros días, para apaciguar todas las voces que podrían salirse del marco constitucional.
Por todo ello, hoy más que nunca, revindicamos la memoria de tantos compañeros y compañeras que dieron su vida o fueron represaliados por luchar contra la dictadura, y el régimen continuador que vino después. Nosotros y nosotras queremos mantener viva esa “llama” de lucha para acabar con todo esto.
Sabemos que, bajo este régimen del 78, surgido de la “Transición” pactada y de la “traición” de los principales dirigentes de la oposición antifranquista de izquierdas es imposible. Por eso nuestro mejor homenaje, la manera de llevar hasta el final esta pelea y conseguir una verdadera justicia y reparación, es continuar la lucha contra el régimen heredero de Franco y la monarquía que ocupa por la gracia del Dictador su Jefatura del Estado.
