Este domingo el diario Público presentó en exclusiva una investigación que relaciona a Juan Carlos I con el tráfico de armas con países árabes, beneficiándose de comisiones millonarias a través de una sociedad pantalla que tenía capital público. Ante esta información publicada en la prensa, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Más País, Compromís, BNG y Nueva Canarias han presentado la solicitud de creación de una comisión de investigación.
Así lo ha anunciado este marte el diputado de Compromís, Joan Baldoví, en la que sería la décimo cuarta petición de este tipo de investigaciones sobre el rey emérito que se registra en lo que va de legislatura debido a sus escándalos de corrupción. Aunque todas ellas bloqueadas en la votación de la Mesa del Congreso por PSOE, PP y Vox.
Se pide investigar especialmente a Alkantara Iberian Exports Ltd, una empresa fundada en Londres en 1978, que podría haber tenido la mitad de su capital de dinero público a través del Instituto Nacional de Industria y Fomento del Comercio Exterior, mientras que el resto habría estado a nombre del administrador privado de Juan Carlos I, Manuel Prado y Colón de Carvajal, y del traficante de armas Adnan Khashoggi.
Esta empresa habría actuado con total opacidad vendiendo armas a países como Marruecos o Egipto, y en general buscando negocio con todos los países posibles envueltos en conflictos armados durante la década de los 80. Como resultado de estas operaciones encubiertas, se habla de cifras de hasta 12.500 millones de pesetas (unos 75 millones de euros) en comisiones que se habrían repartido el monarca y sus socios sólo con el comercio con Marruecos.
De hecho, en 1984 esta sociedad ya era la mayor exportadora de armas de España y su mejor cliente acaba siendo Egipto. El Ministerio de Defensa egipcio habría comprado armas por valor de casi 600 millones de dólares gracias a créditos concedidos por el propio Banco de España.
Sin embargo, en 1985, Egipto suspendió pagos en plena crisis financiera internacional y el Estado español le condonó 18.800 millones de pesetas que se tuvieron que asumir con fondos públicos. No obstante, las empresas armamentísticas españolas cobran la totalidad de lo facturado y Juan Carlos I y sus socios de Alkantara se habrían embolsado las comisiones millonarias. Todo un negocio a costa del erario público.
De esta manera, la petición de investigación tendría por objeto este tipo de posibles actividades y sociedades opacas con participación del monarca, así como dilucidar si el actual rey Felipe VI se habría beneficiado también de estas supuestas actividades ilegales.
Aunque de nuevo, la petición de investigación tiene la contradicción de que la solicitan partidos que son socios de la Coalición del Gobierno, liderada por el PSOE y que sistemáticamente viene bloqueando estas comisiones junto a la derecha y la extrema derecha de PP y Vox. Es imposible investigar la corrupción de la Monarquía sosteniendo al mismo tiempo un Gobierno encabezado por un partido garantiza su impunidad, el PSOE. En consecuencia, este tipo de peticiones así planteadas por estos partidos no van más allá de un brindis al sol.
