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Los cuidados a las personas mayores en su domicilio son la mejor opción para que, cuando nos hacemos mayores, no nos veamos en la situación de abandonar el que por siempre ha sido nuestro hogar, así como nuestras rutinas y costumbres, cuando nos puede resultar traumático el ingreso en una residencia y dejar la casa que nos brinda seguridad.
El recurso de vivir en una residencia, cuando es una decisión aceptada, representa una elección positiva en sí misma, si no fuera porque las residencias de mayores, como las conocemos y las sufrimos, no responden a nuestras necesidades ni a nuestras economías de clase trabajadora. Son un modelo privatizado al que las instituciones vascas han cedido el control, y sin embargo, los cargos políticos están satisfechos, mostrando una actitud pasiva.
La atención privada, orientada al beneficio y con riesgos, está suponiendo: un bajo mantenimiento, servicios sociosanitarios insuficientes, ahorro en cuidados y empleo de mala calidad, donde la subcontratación es una práctica común. El coste real de la atención residencial está muy por debajo de lo que paga la Diputación Foral.
Las residencias de mayores es un sector feminizado. Las personas residentes son mayoritariamente mujeres, y a su vez, habitualmente cuidadas y atendidas por mujeres.
Este modelo institucional ya no vale, donde las personas mayores no podemos decidir cuándo nos levantamos o nos acostamos, a qué hora y qué comemos, si salimos o no del centro. Si algún día llegamos a ser usuarias de estos centros, queremos que se nos atienda dignamente, no masificadas.
La solución al problema actual de las residencias es la erradicación definitiva de los macrocentros, pasando al modelo de Atención Centrada en la Persona, adecuando el número de plazas residenciales a las necesidades de las personas dependientes. La atención sanitaria en las residencias públicas y concertadas debiera estar protagonizada por el sistema público de salud, implementando la prevención Osakidetza. Con control de la atención residencial medido, con criterios de calidad desde las instituciones.
La privatización no supone una mejor atención. Tenemos herramientas y profesionales, falta sistematización y dotación.
Sí hay recursos: cada persona que trabajó en 2018 en Euskadi produjo una media de 82.300 euros de riqueza. Hacienda debe recaudar el Impuesto de Sociedades que corresponde y que no se paga. Sin olvidar que por cada millón de euros invertidos en Dependencia, se generan entre 37 y 50 puestos de trabajo estables. Se precisa una nueva fiscalidad.
