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A finales de la semana pasada, el Gobierno de Pedro Sánchez envió a Bruselas el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al objeto de que allí sea valorado y como “contrapartida” se puedan empezar a recibir los 140.000 millones de los fondos europeos previstos para la reconstrucción.
En ese plan se contemplan, entre otras muchas cuestiones, 9 medidas sobre pensiones:
1. Separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social.
2. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
3. Alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal.
4. Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación.
5. Sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional.
6. Nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales.
7. Modificación del complemento de maternidad de pensiones mediante un nuevo diseño. 8. Reforma e impulso de los sistemas complementarios de pensiones.
9. Adecuación de la base máxima de cotización del sistema.
De la lectura de lo publicado de ese plan es imposible hacer una valoración precisa y concreta de lo que implica cada medida. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social aseguran que están en pleno debate de la Mesa de Diálogo Social con la patronal y los sindicatos CCOO y UGT. Pero, ni por un lado, ni por otro, no se explica ni se informa nada de la letra pequeña, es decir, que ya vale, que deben ser transparentes y hacer público aquello en lo que están en desacuerdo, o de acuerdo.
Hasta ahora el movimiento de pensionistas se ha visto obligado a valorar y juzgar esas medidas sobre filtraciones que pueden corresponderse en buena medida a la realidad. Pero de una vez por todas, por respeto a los 9 millones de pensionistas del conjunto del estado, exigen claridad y transparencia para valorar y juzgar con rigor lo que les afecta con las medidas sobre pensiones, tanto a quienes ya son pensionistas, como a los que lo van a ser mañana o en un futuro más lejano.
Señalan que la movilización del 29 de mayo, tanto en Euskal Herria como en el resto de los Pueblos del Estado, va a tener por objetivos exigir esa transparencia pública, presentando y exigiendo al mismo tiempo un sistema público de pensiones que garantice unas pensiones públicas y dignas, con carácter universal; es decir, a las que tengan derecho todas las personas, hayan formado parte del mercado laboral o dedicado su vida a las tareas de cuidados y otras necesidades imprescindibles para la sociedad, no mercantilizadas ni reconocidas como servicios a remunerar.
Bajo los efectos de una pandemia que no ha hecho sino agravar las necesidades sociales de la mayoría de la población. Consideran que, no responder a éstas y generar estados generalizados de frustración sólo sirve para que las derechas y extremas derechas aprovechen la situación para auparse al poder, apareciendo como “salvadores” aunque luego nos machaquen aún más. No es malo que las fuerzas que hoy componen el gobierno reflexionen, por ejemplo, sobre lo que ha sucedido en las elecciones en la Comunidad de Madrid.
