Se trataba de estar presentes en la inauguración de nuevas instalaciones en la planta de Airbus en Getafe a 630 kilómetros, que contaba con la presencia del Rey Felipe VI y del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez y poder explicarles de primera mano lo que están viviendo desde diciembre por cierre de la planta de Puerto Real que afectaría a 300 familias en forma directa y, según estiman desde CGT, a unas 200 de forma indirecta.
Sobre las doce de la noche de este miércoles, tras la manifestación de los trabajadores de Airbus en Puerto Real, un grupo de 23 sindicalistas de CGT tomaban un autobús con dirección a Madrid. Pero nada más pisar la provincia de Sevilla se toparon con un amplio control policial. Allí, con el autobús parado en el arcén, permanecieron durante más de una hora. “Entregamos la documentación que nos pedían: un salvoconducto del sindicato en el que se nos autoriza a poder desplazarnos para realizar labores sindicales, aunque no sirvió de nada porque es evidente que tenían una orden expresa de no dejarnos pasar”.
Relatan que, con el mismo salvoconducto que han usado en infinidad de ocasiones para ejercer su derecho sindical, no pudieron pasar de Cádiz, lo que “demuestra que el ‘Gobierno más progresista’ de la historia impide que los trabajadores vayan a defender sus derechos sin dar una explicación, con policías fuertemente armados”, dice Juan Antonio García.
Aunque los sindicalistas gaditanos no pudieron llegar a Getafe, las protestas han sonado igualmente. Representantes sindicales de CGT de las plantas de Getafe, Illescas y Barajas, sí han protestado en los alrededores de la planta madrileña durante el acto. Con el grito de “Menos Casa Real y más Puerto Real” y pancartas con el lema de ‘Puerto Real no se cierra’, han llevado la voz de la planta de ‘El Trocadero’ a Getafe.
En julio de 2020 la compañía anunció el despido de 17.600 personas en toda Europa, 1.600 de ellas en el Estado español. Días más tarde, Pedro Sánchez se reunía con el consejero delegado de la compañía, Guillaume Faury, y comprometía un apoyo multimillonario a cambio de minimizar el ajuste laboral iniciado desde la multinacional.
El ejecutivo asumía crear nuevos programas de defensa y la compra de material militar: 7 aviones de distintos modelos, 36 helicópteros en una primera fase, ampliable a 56 en una segunda. También se destinarían 185 millones de euros del plan de Recuperación de la UE a través de un Plan Tecnológico Aeronáutico (PTA), entre otras medidas. “En su conjunto, se estima que estas ayudas movilizaran proyectos por más de 150 millones al año”, explicaron oportunamente desde el Gobierno.
Fuentes sindicales consideran que “con toda esa inversión es injustificable el cierre de la planta de Puerto Real” y aseguran que habría al menos “7.000 unidades” pedidas antes de la pandemia.
