La Reforma de la ley de la Administración Local supone un “atentado muy serio contra los derechos de las personas” y el desmantelamiento del actual sistema administrativo de pueblos y ciudades. Los Ayuntamientos dejarán de ser instituciones autónomas de gobierno local para ser meros gestores.

Es la vuelta al tutelaje sobre los Ayuntamientos. El Gobierno del PP, con esta reforma, desprecia a los Ayuntamientos al no considerarlos en pie de igualdad con las demás administraciones. Ignora las competencias locales  y forma parte del proyecto  de recentralizar el Estado y poner fin al Estado de las Autonomías.

Es la intervención de los Ayuntamientos. Explícitamente, en los primeros borradores de la reforma, a los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes e implícitamente los de menos de 20.000 habitantes, dando poder a las Diputaciones.

Es una amenaza directa a las Entidades Locales Menores, que pierden su consideración de entidades locales. Todo consagrado no al servicio de las personas sino a la sacrosanta sostenibilidad financiera.

Es la privatización de los servicios públicos municipales. Establece la fijación de un llamado “coste efectivo” de los servicios, que se fijará bajo criterios del Ministerio de Hacienda. Las privatizaciones y recortes de servicios públicos municipales supondrían la pérdida aproximadamente 200.000 puestos de trabajo, además precariedad y pérdida de calidad de los servicios.

Los servicios sociales ya no serán atendidos por los Ayuntamientos. La reforma muestra la intención literal de favorecer “la iniciativa económica privada” y “ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos por la Constitución en su artículo 135.  Artículo recientemente
modificado por acuerdo del PP y del PSOE, en el que prima el pago de la deuda sobre cualquier consideración política o social.

La Reforma Local es la recentralización del funcionariado  estatal, que en su función de Secretaría, Intervención y Tesorería dependerá del gobierno central. Supondrá la insuficiencia financiera para atender a la ciudadanía en su dimensión más próxima y social.

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