La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del actual Gobierno Vasco, tras dos accidentes laborales mortales en la industria en solo 24 horas, ha declarado que: “Hay que incidir en la seguridad y la prevención. Hay que sensibilizar a todos los trabajadores para que no nos confiemos”, eludiendo una vez más la responsabilidad empresarial.
A la responsabilidad empresarial aluden ciertos sindicalistas por los “incumplimientos de la ley”, “por la falta de compromisos firmes con la prevención de las empresas”, piden que “investigaciones exhaustiva de las causas”, proponiendo que se “sancionen con dureza” y otros sindicalista aparecen en televisión contándonos que los mismos son causados por la precariedad.
La precariedad no mata, es el instrumento manejado por una patronal explotadora y sin escrúpulos. El accidente es un crimen de empresa, es un producto automáticos del modo de negocios y se manifiestan de diversas formas. Unos son frutos de engaños sistémicos, bien planificados e intencionales. Otros resultan a menudo de la negligencia y la imprudencia empresarial actuando contra la ley de Prevención de Riesgos laborales.
Estos nuevos crímenes, que se describe en un lenguaje anestésico como “accidente laboral“, seguramente como la inmensa mayoría quedará impune, porque rara vez ocurre que los accidentes laborales sean simples “accidentes”
Estos delitos de las empresas, se cometen a veces a sangre fría, a menudo con el fin de promover metas financieras o mantener sistemas rentables de producción en condiciones precarias e inseguras donde las personas trabajadoras no se atreven a denunciar sobre todo en las pequeñas empresas por miedo a ser despedido/as, donde los sindicatos si existen los/as delegados/as de prevención se limitan a mantener la boca cerrada.
En un reciente informe del Comité Europeo de Derechos Sociales, considera que no está garantizado el derecho a la seguridad en el trabajo en España ya que el ratio de accidentes de trabajo casi dobla la media europea ( son ya once los trabajadores que han muerto en lo que va de año en Euskal Herria)
Estos crímenes de empresa a pesar de que son investigados la comisión judicial y técnicos del instituto de salud y seguridad laboral, Osalan, son considerados por ley menos graves ya que son atribuidos a la imprudencia/negligencia.
Los dueños o accionistas de las empresas no asumen responsabilidad ni tampoco por los perjuicios causados por el daño que generan porque están protegidos por el Estado y por el derecho, ya que su responsabilidad queda limitada al riesgo financiero sin ningún riesgo penal. Solamente este tipo de crímenes es castigado cuando se demuestra la responsabilidad personal de un mando de la empresa.
