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Movilización contra inminente desahucio a mujer victima violencia machista

Nota de prensa

Colocan ante Gobierno Vasco las maletas de la madre víctima de violencia machista que Alokabide quiere desahuciar en Barakaldo

  • Tras una notificación judicial, se prevé el desalojo en cualquier momento a partir del 26 de noviembre
  • La víctima es una mujer de 41 años que tiene a su cargo dos hijos de 6 y 15 años
  • El Ayuntamiento y el Ejecutivo autonómico no ofrecen solución ni atienden a la madre desde hace meses
  • Más de 1.500 familias han sufrido un desahucio desde que hace siete años se suicidara la vecina de Amaia Egaña cuando la comitiva judicial procedía al desalojo de su piso

Barakaldo, 21 de noviembre de 2019.

Activistas sociales han llevado a las puertas de la Sociedad Pública de Alquiler Alokabide, de Gobierno Vasco, las maletas de la mujer de 41 años víctima de violencia machista que, con dos hijos de 6 y 15 años, será desahuciada de su piso en Barakaldo a petición del Ejecutivo autonómico presidido por el lehendakari Urkullu e integrado por PNV y PSE.

La asociación Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak han protagonizado esta protesta en Bilbao a menos de una semana de que termine el ultimátum que ha dado a la mujer un juzgado de Barakaldo. Sin ayuda institucional de ningún tipo, se prevé que esta madre y sus dos hijos serán desahuciados en cualquier momento a partir del próximo martes 26 de noviembre.

Argitan y Berri-Otxoak han informado de que el magistrado del juzgado de primera instancia de lo civil ha requerido a la afectada que “justifique la tramitación de una vivienda municipal de alquiler social”. La exigencia judicial se produce a pesar de que ni el Ayuntamiento ni el Gobierno Vasco han ofrecido ninguna opción a esta familia y ni siquiera han atendido la petición de la mujer para mantener una reunión.

Tras las anteriores protestas, el 30 julio el juzgado aplazó el desalojo pero el proceso se acaba de reactivar. Durante los últimos cuatro meses, la mujer no ha logrado ser recibida para un encuentro con algún responsable de Alokabide.

La afectada lleva ya un año y medio intentado que los recursos sociales del Ayuntamiento de Barakaldo o el Servicio Vasco de Vivienda regularicen su situación y el uso de la vivienda en la que reside. En este sentido, y por sugerencia de la oficina del Ararteko, remitió un escrito dirigido a Etxebide en mayo del 2018. Aún espera respuesta. Este 18 de noviembre ha vuelto a remitir su petición a la Sociedad Pública de Vivienda del Gobierno Vasco.

Argitan y Berri-Otxoak han recordado que cada semana se producen una media de cuatro desalojos en Barakaldo, localidad que ya acumula más de 1.500 desahucios desde que, el 9 de noviembre de 2012, se quitara la vida la vecina Amaia Egaña en el mismo momento en el que comitiva judicial procedía a ejecutar la expulsión de su piso en el barrio de Desierto. Sólo en 2018, el Departamento de Vivienda inició el proceso de desahucio contra 184 familias vascas.

La asociación feminista y la plataforma contra la exclusión social han advertido de que “tanto el Ayuntamiento como el Gobierno Vasco están vulnerando dictámenes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que exigen dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo”.

“Las diferentes Administraciones públicas incumplen la resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que remarca, en sentencia firme, que ‘se ha de dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo ante la evidente constatación de una situación de exclusión y precariedad económica”.

“Nuevamente se comprueba que es papel mojado el supuesto protocolo antidesahucios acordado en 2013, a raíz de la muerte de Amaia Egaña, por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, y renovado este pasado mes de febrero”. De acuerdo al compromiso de actuación para estas situaciones, los servicios sociales de base deben “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio, y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia.

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