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Movilización contra los desahucios en aniversario suicidio Amaia Egaña

Nota de prensa

Comienza la cuenta atrás para el desahucio por parte del Gobierno Vasco de una madre con dos niños víctima de violencia machista

  • Este martes 5 de noviembre finaliza la prórroga de la ejecución del desalojo
  • Ni el Ayuntamiento ni el Gobierno Vasco han ofrecido una solución a la familia
  • La amenaza de desahucio coincide con el séptimo aniversario de la muerte de Amaia Egaña, que se suicidó cuando la comitiva judicial procedía al desalojo de su piso en el barrio de Desierto
  • Gobierno Vasco inició en el 2018 el proceso de desahucio contra 184 familias

Barakaldo, 5 de noviembre de 2019.

Este martes 5 de noviembre ha terminado la prórroga de dos meses para el desahucio en Barakaldo de una mujer con dos hijos menores víctima de violencia machista. De esta manera, comienza la cuenta atrás para el desalojo “en cualquier momento” de la familia, que no ha recibido ninguna solución del Gobierno Vasco, que es la institución que promueve el desalojo. Tampoco ha actuado el Ayuntamiento.

Así lo han denunciado la asociación Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak, que han recordado que esta situación se produce cuando se cumplen, el 9 de noviembre, siete años de la muerte de la vecina Amaia Egaña, que se quitó la vida en el mismo momento en el que comitiva judicial procedía a ejecutar el desahucio de su piso en el barrio de Desierto.

En esta ocasión, las víctimas del desahucio son una mujer de 41 años que ha sufrido violencia machista y sus dos hijos de 6 y 15 años, que “sobreviven gracias a una entidad benéfica que la proporciona lotes de comida todas las semanas”. Quien impulsa la expulsión de la vivienda es el Gobierno Vasco, a través de la sociedad pública de alquiler Alokabide.

“El desalojo se puede producir en cualquier momento a partir de este martes 5 de noviembre”, han alertado desde Argitan y Berri-Otxoak, organizaciones que simbólicamente han instalado en plena calle, en la céntrica plaza Bide Onera, enseres de una vivienda “como forma de visibilizar el drama de los desahucios”.

“Desde que el 30 de julio pasado se aplazara el primer intento de desalojo, la afectada, angustiada, ha tratado de conseguir una cita para buscar una solución, pero hasta la fecha las autoridades ni siquiera han agendado el encuentro”, han criticado los colectivos barakaldeses.

“Esta situación es más grave, si cabe, si tenemos en cuenta que esta mujer a lo largo del último año ha intentado dirigirse a los recursos sociales del Ayuntamiento de Barakaldo o al Servicio Vasco de Vivienda para regularizar su situación y el uso de la vivienda en la cual reside. Los servicios sociales municipales llevan casi tres meses sin reunirse con esta víctima, a la que no ofrecen ninguna solución frente a esta amenaza de pérdida del hogar”.

Argitan y Berri-Otxoak han recordado que el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco inició en el 2018 el proceso de desahucio contra 184 familias. “Tanto el Ayuntamiento como la Consejería de Vivienda están vulnerando el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que exige, frente al desahucio de familias sin recursos económicos suficientes, que se les proporcione un alojamiento o alternativa habitacional”.

Del mismo modo, estas organizaciones barakaldesas acusan a las autoridades municipales y autonómica de incumplir la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que advierte de que “se ha de dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo ante la evidente constatación de una situación de exclusión y precariedad económica”.

“Nuevamente se comprueba que es papel mojado el supuesto protocolo antidesahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, y renovado este pasado mes de febrero”, han lamentado Argitan y Berri-Otxoak.

De acuerdo al compromiso de actuación para estas situaciones, los servicios sociales de base deben “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio, y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia.

El protocolo antidesahucios fue precisamente creado por la conmoción que supuso el 9 de noviembre de 2012 el suicidio de la vecina Amaia Egaña cuando se iba a ejecutar su desahucio.

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