Esta concentración de colectivos, redes y sindicatos pretende denunciar el proceso de reforma de la “Ley 18/2008 de 23 de diciembre para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social”.
Consideramos que el elemento clave para la construcción de un modelo de sociedad justa e igualitaria, será el sistema de protección social que adoptemos. El nivel de inversión que hagamos determinará que seamos una sociedad cohesionada, con altos niveles de bienestar para toda la ciudadanía o, por el contrario, una sociedad fracturada, donde algunas personas tengan unos niveles elevados de calidad de vida (aquellas que puedan pagárselo), y la gran mayoría sobreviva en condiciones de vida no dignas.
Ya hace algunas décadas la sociedad vasca abordó la cuestión de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Se aprobó entonces una ley que tenía dos grandes objetivos: garantizar unos ingresos mínimos a las personas en situación de pobreza y favorecer su inclusión social, contribuyendo de esta manera a que Euskadi sea una sociedad cohesionada. Estos dos grandes objetivos deben ser consolidados en la reforma que se está diseñando.
Hoy, la sociedad vasca necesita una ley que:
- Acabe con la pobreza, garantizando ingresos suficientes para una vida digna e inclusiva.
- Acabe con la exclusión social: Articulando mecanismos para la inclusión social de todas las personas
ACABAR CON LA POBREZA: Según la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) 2016” del Gobierno Vasco, hay 60.000 personas que, estando en riesgo de pobreza no perciben la RGI; y otras 63.000 personas que, percibiéndola, no consiguen salir de la pobreza. Uno de los objetivos de la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos debería ser dar la vuelta a esta situación: lograr que ninguna persona en riesgo de pobreza se quede sin acceder a la RGI y que ninguna persona perceptora de RGI siga siendo pobre.
ACABAR CON LA EXCLUSIÓN SOCIAL: Otro de los objetivos de la Reforma de la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social tiene que ser garantizar la inclusión social efectiva a todas las personas, al margen de que tengan o no un empleo. Hoy día la mala situación del mercado laboral es tal, que el 12% de la población está en desempleo.
Por otro lado, el 20% de las personas perceptoras de la RGI está trabajando, pero en condiciones tan precarias, que se evidencia que el empleo ya no garantiza salir de la pobreza. La inclusión social tiene que ser, por tanto, un derecho reconocido en esta ley.
Apostamos en definitiva por una reforma de Ley que suponga atender a un mayor número de personas con unas prestaciones que posibiliten llevar a cabo un proyecto de vida libre y autónomo, y que establezca un sistema de gestión ágil, transparente y garantista.
Pedimos al Gobierno Vasco y a los grupos que componen el Parlamento Vasco que ésta sea la reflexión que guíe la próxima reforma de Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social. Porque es posible y porque lo necesitamos, deseamos una Euskadi sin pobreza y sin exclusión.
