Convocada por Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y apoyada por diversos colectivos sociales y sindicales, esta manifestación tiene como objetivo exigir al Gobierno Vasco, el cumplimiento de la Ley de 2008 para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social por la que se vincula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y otras prestaciones sociales al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por ser un derecho subjetivo, fruto de la movilización social.
Según estudios del propio Gobierno Vasco en estos años de crisis han aumentado los índices de pobreza, exclusión o dificultades para llegar a fin de mes; tanto entre quienes tienen un empleo como entre aquellas familias que se encuentran desempleadas. Ello se debe, entre otras razones, a esta política de recortes en las prestaciones sociales. Esta es la dramática consecuencia de una decisión política que apuesta por no garantizar a las personas unos ingresos mínimos que puedan facilitar una vida un poco más digna.
Denunciamos la campaña mediática contra la RGI, para justificar políticas restrictivas utilizan falsos argumentos, como el de que “no podemos subir la RGI porque desincentivaría el acceso al mercado laboral”. Actualmente 136.173 personas están en paro; y 274.324 demandan un empleo. Además de las 66.000 personas que cobran la RGI, 12.750 personas (el 19,5%) ya están trabajando y cobran la RGI como complemento a los bajos salarios que perciben por trabajar. Y otras 16.215 (el 24,8%) son pensionistas, es decir no están en edad de trabajar.
Por lo tanto, no podemos seguir pensando que el empleo es el único elemento garante de la redistribución de la riqueza y de la cohesión social. El empleo ya no garantiza el acceso a unos ingresos; por ello hoy es más necesario que nunca reforzar la protección social tanto para permitir a las personas que no tienen ingresos el acceso a una renta mínima, como para mantener un cierto nivel de cohesión social.
El Gobierno Vasco ha presentado su proyecto de presupuestos para 2017 y está pendiente de su aprobación en el parlamento con los apoyos del PNV, PSE y PP. En él recoge su voluntad de mantener los recortes y de no aplicar la subida del Salario Mínimo a las prestaciones sociales. En lugar de ello plantea que el incremento de la RGI se limite al 1,5%.
Por todo lo anterior, la CGT-LKN de Euskal Herria, junto al resto de organizaciones sindicales y colectivos sociales, exigimos el fortalecimiento de la protección social en Euskadi y, en consecuencia, la subida de la RGI en los mismos porcentajes que se ha incrementado el Salario Mínimo Interprofesional para este año 2017. Además, de dar marcha atrás al recorte del 7% -aplicado en los últimos 5 años- en las cuantías de las prestaciones gestionadas por Lanbide: Incentivos al Empleo, Renta de Garantía de Ingresos, Complemento de Pensiones y Prestación Complementaria Vivienda.
