La ofensiva de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en su lucha para que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy no tire abajo la ley 24/2015, conocida como la ‘ley antidesahucios’ de Cataluña, ha llevado a una acción conjunta frente a 44 sedes del Partido Popular.
Leyes aprobadas por los parlamentos de Andalucía, Navarra, Canarias y Euskadi fueron llevadas por el ejecutivo al Tribunal Constitucional y suspendidas como puede pasarle ahora a la ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Catalunya.
Al aprobarse la norma el pasado agosto, el Ejecutivo decidió crear una comisión bilateral para trabajar durante seis meses los desencuentros entre Gobierno central y Generalitat antes de elevar la ley al Tribunal Constitucional.
El plazo para la presentación del recurso que paralizaría la aplicación de la ley a la espera del dictamen del alto tribunal se cumpliría el 5 de mayo. Lo que provocaría que los funcionarios de la Generalitat no podrán hacer uso de una ley nacida desde la ciudadanía, como recuerda la PAH.
Ayer un fuerte control policial cortó las calles de los alrededores de la sede madrileña del PP impidiendo que se desarrollase una cacerolada frente a la sede. La jornada de protesta estuvo marcada por identificaciones, policía antidisturbios, agresiones verbales y físicas a manifestantes e incluso a transeúntes que se encontraban en la zona.
Cuando los y las manifestantes se desplazaron hasta Sol, la policía actuó con marcada hostilidad ya no solo contra la gente que se manifestaba sino contra grupos de turistas que se encontraban visitando la emblemática Puerta de Sol y presenciaron con sorpresa tales actitudes (extemporáneas) represivas de las fuerzas policiales.
