La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha detectado 3.635 infracciones en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por las que ha sancionado a las empresas con un total de 16,5 millones de euros. Es el balance de la campaña específica puesta en marcha en abril de 2020, en pleno pico de la emergencia sanitaria, dirigida a prevenir y detectar actuaciones fraudulentas en relación con la percepción de las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE vinculados a la Covid-19, así como con las exoneraciones de cotizaciones sociales para los empresarios. A finales de octubre, la Inspección de Trabajo ya había sancionado a 1.755 empresas por infracciones en los ERTE
La Inspección ha finalizado 24.606 de los 33.440 expedientes iniciados hasta ahora, lo que implica que en estos momentos todavía mantiene 8.834 investigaciones abiertas. Es decir, que el montante de las multas se elevará previsiblemente en los próximos meses. Como avance, cerca del 15% de las empresas investigadas han sido multadas (se han detectado 3.635 infracciones en esas 24.606 órdenes de servicio ya cerradas) con sanciones que suman 16.539.433 euros, que es el grueso derivado de las multas al que habría que sumar una cuantía menor en concepto de liquidación de cotizaciones sociales impagadas.
Los casos más comunes son los de personas obligadas a trabajar estando en un de ERTE de suspensión y otros que lo tienen de reducción de jornada pero a los que se obliga a trabajar a jornada completa. Así como situaciones de afiliación a la Seguridad Social indebidas tras la declaración del estado de alarma para acogerse a un ERTE junto con la creación de empresas ficticias.
En esta segunda ola de la pandemia hay menos problemas con los datos con respecto a la primera ola, pero sí se han detectando fraudes. Sobre todo en los ERTE de reducción, en los que se está abusando mucho con las horas. Aunque tengan que trabajar media jornada, por ejemplo, acaban haciendo más horas sin pagar.
“En esta segunda ola se están observando los mismos fraudes que en la primera. No se han encontrado ningún fraude diferente a los que ya venían observando durante la primera ola, pero también se encuentran muchas amenazas de despido.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avisó en julio de este año a las empresas de que el fraude en los ERTE podría conllevar “consecuencias penales”. Aunque la ministra aseguró que en la mayoría de los casos imperaba la honestidad de las empresas, también advirtió que los fraudes en los ERTE son un “mal uso de los recursos públicos”, y no constituyen simplemente “una sanción administrativa grave”.
Los datos de balance de la campaña, salen a la luz cuando el Gobierno está a punto de abrir una nueva negociación con la patronal y los sindicatos institucionales, para mañana viernes día 8 de Enero, para abordar una eventual prórroga de los ERTE, ya que el esquema actual caduca el próximo 31 de enero. La intención de la Ministra Yolanda Díaz es cerrar el asunto antes del día 15 de Enero y no llevar las negociaciones al tiempo de descuento, como en anteriores ocasiones.
