Vanessa Baraitser resolvió que el programador australiano, de 49 años y preso en Londres, no podrá ser extraditado a los Estados Unidos, donde se le acusa de 18 delitos de espionaje e intrusión informática.
La Justicia británica decidió rechazar la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, que lo reclama en su territorio para juzgarlo por espionaje y condenarlo a hasta 175 años de prisión.
Assange, de 49 años, conoció la resolución de la jueza Vanessa Baraitser, la cual si bien podrá ser recurrida por ambas partes, prolongando la larga saga judicial que rodea al periodista y activista australiano desde 2010, fue una primera gran noticia para el programador.
«El solo hecho de que este caso haya llegado a la corte, ni que hablar que haya durado esto, es un ataque histórico y a gran escala contra la libertad de expresión», dijo la vocera de WikiLeaks Kristinn Hrafnsson.
En esta línea afirmó que el caso de Assange «es una pelea que afecta los derechos de todos las personas a estar informada y se está peleando de manera colectiva».
Antes de pronunciarse, la Justicia inglesa examinó detenidamente la solicitud estadounidense para asegurarse de que no sea desproporcionada o incompatible con los derechos humanos.
Las audiencias celebradas en septiembre, tras meses de retraso debido a la pandemia de coronavirus, estuvieron marcadas por las protestas a las puertas del Tribunal, donde partidarios del australiano se manifestaron en varias oportunidades.
Afirmando temer que Assange, cuya salud física y mental pareció muy debilitada, se quitase la vida, su compañera sentimental, Stella Moris, había entregado en septiembre a la oficina del primer ministro británico, Boris Johnson, una petición con 800.000 firmas contra su extradición.
Recluido en una prisión londinense de alta seguridad desde su detención en abril de 2019 en la embajada de Ecuador, donde vivió refugiado siete años, Assange se enfrenta a las demandas de Washington quien lo acusa de haber puesto en peligro la vida de sus informantes con la publicación de los documentos secretos sobre las acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos.
Pero para su comité de apoyo, son «cargos con motivación política» que «representan un ataque sin precedentes a la libertad de prensa».
La defensa del australiano, coordinada a nivel internacional por el ex juez español Baltasar Garzón, denunció en el pasado que el presidente estadounidense Donald Trump quería hacer con él un castigo «ejemplar» en su «guerra contra los periodistas de investigación» y Assange no tendría un juicio justo en Estados Unidos.
